Los 25 municipios del departamento del Cesar afrontan el accionar violento de parte de estructuras criminales que buscan tener el control a través de extorsiones, secuestros, microtráfico y homicidios selectivos.
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Este panorama pareciera estar dividido, pues en los municipios del sur, como lo son Curumaní, Pailitas, Tamalameque, Pelaya, La Gloria, Gamarra, Aguachica, González, Río de Oro, San Martín y San Alberto, opera el ELN, mientras que desde el centro hasta el norte, iniciando en Chimichagua, Chiriguaná, El Paso, Astrea, Becerril, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Bosconia, Pueblo Bello, San Diego (también hay ELN), Valledupar, Manaure y La Paz está el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, según las autoridades.
En todas estas poblaciones, durante lo corrido del año, se han presentado asesinatos que en su mayoría son cometidos por sujetos motorizados que dejan en la escena del crimen panfletos alusivos a las EGC. Solo en Valledupar van 101 homicidios, principalmente en barrios de invasión o aquellos más populares de los estratos 1 y 2.
Entre estas muertes se recuerdan las de la masacre del 13 de agosto en el corregimiento Caracolí, municipio de Valledupar, donde cuatro personas perdieron la vida. Ellas, de acuerdo con el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Wilson Álvarez, estarían involucradas en la venta de drogas bajo la coordinación de una estructura del Clan del Golfo que les dejó un panfleto.
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La extorsión
Las autoridades han identificado que estos grupos buscan, en cualquier medida, aumentar sus rentas criminales con la extorsión y la venta de drogas.
El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, dijo que le han llegado denuncias de dueños de tiendas, ferreterías y droguerías, a los que les han pedido dinero para operar en el territorio. “En la zona corregimental de los municipios está sucediendo esto de manera fuerte, y en la zona urbana de Valledupar lo mismo. Además que han pasado a otro grado porque el Plan Vial Departamental también se ha visto afectado porque extorsionan a los contratistas de estas inversiones macros. En la vía Valledupar- Paz- Manaure, y San José de Oriente - San Diego nos tocó hacer consejo de seguridad para brindar las garantías a los contratistas que han venido siendo extorsionados por las EGC, al igual que en los municipios de Astrea y Chimichagua que se presenta de manera fuerte”, explicó el funcionario.
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Otro de los hechos recientes sucedió en la vía hacia el corregimiento Media Luna, donde un grupo ilegal, presuntamente el ELN, había advertido que no podían subir los carros repartidores de gaseosas y bebidas, hasta el pago de extorsión. No obstante, el 14 de septiembre un camión de Bavaria fue a un despacho y a los trabajadores los sorprendieron sujetos armados que los hicieron descender del vehículo y a este lo incendiaron.
Precisamente un líder comunitario de la parte alta del municipio de San Diego ratificó que en toda la zona de Media Luna hay presencia de hombres armados que realizan patrullajes sin identificarse. “Solo los vemos en horas de la noche llegar a las fincas, no sabemos quiénes son, pero nos causan temor y zozobra”, dijo.
Caso Supergiros
El caso más reciente y que tiene encendidas las alarmas es el asesinato de la empleada de Supergiros Marlen Fernanda Mozo Jiménez, de 19 años, a quien le propinaron un balazo en la cabeza a cuando trabajaba en un corresponsal en el municipio de Bosconia el 4 de noviembre.
Este crimen apunta a que fue cometido por las EGC. Al momento del asesinato el sicario dejó un panfleto alusivo a estos criminales, luego le disparó y huyó. Tres días después una intervención de la Policía, en varios sectores, permitió la captura de cinco individuos a los que les hallaron armas de fuego y publicidad de ese grupo. También dieron de baja a Rubén Darío Ceballos Contreras, presunto autor material de la muerte de Marlen.
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También se reveló que en el Cesar la mencionada empresa de juegos, apuestas y giros estaba siendo blanco de intimidaciones por las EGC, incluso la Policía había dado instrucciones para estar alerta en el municipio de Astrea y en el corregimiento de Arjona, por amenazas a dichos establecimientos.
Los secuestros en el sur
Recientemente el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix Laufourie, rechazó el secuestro del ganadero Cristian Serrano, a quien miembros del ELN se lo llevaron de su finca Villa Juliana, en el corregimiento Montecito, en el municipio de Río de Oro.
El representante gremial, que también es negociador del Gobierno nacional en los acuerdos de paz que se buscan con el ELN, calificó el caso como inaudito.
“Desde Fedegán rechazamos de manera vehemente este acto criminal contra un trabajador del campo colombiano y mucho más que haya sido privado de la libertad por un grupo guerrillero que habla de paz y acuerdos mientras comete este tipo de actos inhumanos”.
Por su parte, el Comité Intergremial del Cesar, que agrupa diferentes sectores productivos, expresó su preocupación por la renovada ola de inseguridad que se está atravesando, al tiempo que rechaza todo tipo de violencia contra los trabajadores y las empresas.”Los productores de las zonas rurales nos manifiestan la preocupación por el auge del abigeato, entonces no se puede permitir que estas organizaciones ganen terreno y que las comunidades se vean afectadas”, anotó Felipe Araújo Ariza, presidente del Comité Intergremial.
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Desde el Senado de la República, el congresista cesarense Didier Lobo Chinchilla indicó que instaron al Gobierno central para que actúe frente a la estampida de inseguridad del departamento.
“Esto lo vive todo el país, pero en el Cesar se han incrementado el secuestro, la extorsión, los grupos al margen de la ley se han fortalecido militar y económicamente en el territorio. En Valledupar se dan extorsiones, en el centro del departamento hasta nosotros como parlamentarios nos da miedo transitar por la inseguridad que hay”.
Le hizo un llamado a los ministros de Defensa e Interior, a la Policía y Ejército para que unan esfuerzos y den golpes contundentes.”No se puede perder la institucionalidad y legitimidad de lo que representa el Estado, donde hoy no es el Estado el que manda, sino los grupos al margen de la ley que quieren tener el dominio de los territorios”, subrayó el senador Didier Lobo.
