Río de Oro y González, Cesar, puertas de entrada al Catatumbo que demandan atención estatal

Johana García llegó a Valledupar el 13 de enero procedente de El Tarra, Norte de Santander. Inicialmente se había trasladado a Ocaña, pero luego decidió llegar hasta la capital del Cesar, y dirigirse a la Defensoría del Pueblo en busca de ayuda, pues es una de las miles de desplazadas de esta zona del país por cuenta de los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc.

Con Johana llegaron sus cuatro hijos, menores de edad, que esperan que desde el Gobierno nacional les puedan brindar ayudas, mientras le ruega a Dios que ayude a las personas que se quedaron en su territorio, entre estas su hermana y un sobrino.

“Salí el 13 de enero porque ya había rumores de lo que iba a pasar, y todo se desató el 15. Eso allá es una tierra maravillosa que no merece esa violencia”, fue parte del relato de la angustiada mujer que temporalmente se aloja en la casa de un familiar.

Según cifras de la Coordinación de Asuntos Humanitarios, adscrita a la Secretaría de las Naciones Unidas, a la fecha hay 41.236 desplazados y 12.520 confinados, lo que representa un total de 53.657 víctimas.

En cuanto a desplazados, estos han decidido dirigirse a diferentes lugares del país, pero principalmente a aquellos departamentos vecinos sin ser la excepción el Cesar, donde, de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, hay 336 desplazados refugiados en los municipios de Río de Oro, González, Pailitas, Pelaya, San Martín, La Gloria, La Paz, Manaure, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, San Diego y Valledupar.

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Para entender el contexto de esta situación hay que decir que la problemática no es nueva. El Catatumbo ha sido históricamente un territorio clave para diversos actores armados ilegales, debido a su valor estratégico.

Este territorio ha servido de refugio y retaguardia para las tropas de los grupos armados, facilitando la movilización de armas, secuestrados y otros elementos logísticos necesarios para su permanencia en la región, aseguró un defensor de derechos humanos desde el exilio.

Añadió que el Catatumbo constituye un importante corredor para la movilización de las tropas del ELN y ahora las disidencias de las Farc, entre los departamentos de Norte de Santander, sur de Bolívar, el centro-sur del Cesar, y la zona de frontera con Venezuela. En este contexto, el territorio también se utiliza para el transporte de insumos para la producción de cocaína que incluso sale hacia mercados internacionales, especialmente en Centroamérica, Norteamérica y Europa.

En este punto el Cesar también suele ser importante geográficamente para estas estructuras ya que es utilizado como un corredor para llegar a puertos marítimos, principalmente en La Guajira.

“Para abordar esta situación compleja, el Gobierno nacional debe diseñar un plan integral de intervención que vaya más allá de la presencia militar, e incluya múltiples acciones para garantizar la protección de la población civil y el fortalecimiento de la región”, concluyó el defensor de derechos humanos.

En la actualidad y sin que deje de ser un tema antiguo, este conflicto está afectando y tiene en riesgo a dos municipios del Cesar, de manera puntual: González y Río de Oro, que son una puerta al Catatumbo desde este territorio departamental.

Por ello, y en atención a los cientos de desplazados que han llegado y al Decreto 0062 de la Presidencia de la República, en el que se declara el Estado de Conmoción Interior para la región del Catatumbo y para los municipios del área metropolitana de Cúcuta, también incluyen estas dos poblaciones del Cesar.

Según el Gobierno nacional, esta medida es para la atención de la crisis de seguridad que a su vez ha desatado una crisis humanitaria. Ha reconocido que “el frente de guerra nororiental del Ejército de Liberación Nacional, los grupos armados organizados residuales, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central y el grupo delincuencial organizado conocido como ‘los Pelusos’, que hacen presencia en la región del Catatumbo, y el grupo organizado Clan del Golfo que intenta ingresar a la misma”, son los que buscan ganar territorio y poderío en esta región.

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Reitera el decreto, que “los municipios de Río de Oro y González están ubicados al sur del departamento y constituyen una de las puertas de entrada a la región del Catatumbo, siendo utilizada por el ELN para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios, bienes e insumos utilizados para el financiamiento de sus actividades. Asimismo, en estos municipios se registra la influencia de redes de apoyo al ELN”.

Ahora buscan que el decreto les permita recurrir a recursos extraordinarios del Presupuesto General de la Nación para financiar a la fuerza pública y que esta logre el restablecimiento del orden público, y por otro lado que se puedan realizar programas sociales para la población del Catatumbo con inversiones en sectores de infraestructura, educación y salud.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, les envió un mensaje de tranquilidad a los pobladores del sur del departamento tras establecer que en la zona no existe presencia de grupos al margen de la ley como el ELN o residuos de las Farc.

El pronunciamiento se produjo tras el consejo de seguridad extraordinario efectuado la tarde del viernes y que contó con la presencia de miembros del Ejército, Policía, Armada, alcaldes del sur del departamento, entes de control y entidades gubernamentales. “Enviamos un mensaje de tranquilidad a todos los cordobeses y visitantes, ya que con la información oficial por parte de las autoridades competentes, se desvirtúa cualquier información sobre presencia de grupos al margen de la ley como el ELN o residuos de las Farc en el sur del departamento”, aseguró el gobernador. Invitó a la comunidad y a las instituciones defensoras de DD. HH. a que denuncien cualquier situación irregular en el territorio.

El consejo de seguridad fue convocado tras la alerta que hizo la Fundación Social Córdoba Controversial (Cordoberxia) sobre presencia masiva de miembros de grupos armados en el sur del departamento. “El sur de Córdoba es un fortín que dadas las rupturas y acuerdos entre las estructuras criminales (ex-Farc y ELN) pueden entrar a disputar el control del sur de Córdoba y el Nudo del Paramillo, donde encontrarán al EGC. Urgen medidas!!!”.

La situación es compleja para el Cesar, que espera mayor atención del Gobierno nacional, pues hasta ahora las ayudas que han entregado a los afectados del Catatumbo han sido con recursos propios. En este sentido, implementaron cuatro acciones para hacerle frente a la crisis humanitaria.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, instaló el primer Comité Extraordinario de Justicia Transicional, en el que tuvieron asiento representantes de los 25 municipios, personeros, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Unidad de Víctimas, ICBF, fuerza pública y demás entidades relacionadas con el tema de víctimas del conflicto armado.

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En la reunión, la mandataria se refirió al decreto de conmoción interior que emitió la Presidencia de la República, indicando que “cualquier medida que se vaya a tomar en razón de los habitantes de González y Río de Oro sea concertada con las autoridades municipales y departamental, que la fuerza pública conozca de las actuaciones que se determinen desde el Gobierno nacional, es de importancia para el departamento”, dijo.

También instalaron un PMU para atender a los municipios con desplazados y realizar un consejo de seguridad para estar al tanto del orden público en la región.

La Defensoría del Pueblo, seccional Cesar, dijo que los desplazados en diferentes municipios del departamento no están recibiendo las ayudas y atención necesaria al 100 %, debido a que todos no tienen activos los planes de atención para crisis humanitarias.

Zulma Ramos Fayad, defensora del Pueblo encargada, sostuvo que esta regional ha tomado el liderazgo sobre esta crisis humanitaria liderando una campaña con la finalidad de restablecer los derechos de las personas desplazadas.

“Tenemos varias dificultades y por ello hemos hecho un llamado a las personerías y alcaldías, hay que decir que es obligación del Estado poder prestarles ayuda humanitaria de urgencia a las personas que vienen desplazadas desde los municipios del Catatumbo, por ello es importante y se requiere que activen sus planes de acción que debieron estar aprobados desde el 2024″, dijo la funcionaria.

Añadió, que “si bien los municipios están iniciando en los presupuestos no es óbice para que no se les preste la ayuda humanitaria. Exigimos un plan especial de atención para los niños, niñas y adolescentes, ya que no solo son menores desplazados, sino que puede haber menores que hayan hecho parte de algún grupo y las comisarías de familias deben brindarles las rutas de restablecimientos de derechos. También exigimos que los municipios no solo entreguen un mercado o un kit de aseo, sino que dispongan un lugar de alojamiento o un subsidio temporal de arriendo. En un 100 % no se le está dando las ayudas porque no tienen activos los planes de crisis humanitarias, en algunos municipios sí, pero en otros no”.

La funcionaria puntualizó en que en la oficina de Valledupar están recibiendo las declaraciones de las personas desplazadas para que entren al registro único de la Unidad para las Víctimas.

El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Ramón Osorio Rincón, hizo un llamado al Gobierno nacional para que situaciones como la actual no se sigan presentando y haya un cambio definitivo. Además señaló que recientemente se realizó un ‘pacto por el Catatumbo’, con el cual se realizarían inversiones por $2 billones, pero tanto su municipio como González quedaron excluidos. Sin embargo, con el reciente decreto de conmoción interior el panorama tendería a cambiar y las condiciones del municipio a mejorar.

“De presupuesto somos muy limitados, por ello pedimos medidas definitivas para la zona, cada seis años sucede esto y se debe poner un punto final a la región y que haya equidad. Hago un llamado al Gobierno nacional para que se tomen medidas definitivas. Es lamentable ver a niños en la situación que están durmiendo en un polideportivo, es deprimente la situación y para los hogares”, sostuvo Osorio Rincón.

Ante la escalada violenta que se registra en el país y de la que no escapa el sur de Bolívar, el gobernador Yamil Arana le hizo saber al Gobierno nacional que el “sur de Bolívar también merece la atención del Estado”.

El pronunciamiento se produjo a través de su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con las víctimas de desplazamientos masivos en el Catatumbo, y a su vez subrayó que Bolívar vive una situación similar que requiere acciones urgentes, pero no ha sido incluido en el decreto de conmoción interior. “Como departamento, necesitamos los ojos del Estado en nuestros municipios del sur, donde en este momento se registran desplazamientos”, afirmó Arana, haciendo énfasis en la situación crítica de Santa Rosa del Sur y Montecristo.

“Bolívar vive una difícil situación social que desborda nuestra capacidad institucional. Más de 70 familias han sido desplazadas desde las veredas de El Tomate y Minguillo, por enfrentamientos entre Clan del Golfo y ELN. Este panorama ha llevado a comunidades enteras a vivir bajo el miedo constante”.