En el 2020, en Valledupar a través del Hospital Eduardo Arredondo Daza se habilitó el Centro de Salud La Victoria, que por ocho años estuvo cerrado. En este lugar la principal atención la tienen migrantes venezolanos y retornados en la capital del Cesar, por la situación política y económica que enfrenta el vecino país.
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Para ese entonces se celebró un contrato entre las directivas del HEAD y Fundación Americares, una ONG cuyo principal donante era la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La obra de adecuación demandó una inversión de $90 millones.
Los servicios que se prestan no tienen costo y son de medicina general, psicología y entrega de medicamentos, que son limitados para los migrantes que no tienen documentación o el Permiso Protección Temporal que les permite ser afiliado a una EPS.
Ahora la preocupación para ellos es quién o qué entidad podrá financiar los costos de la atención en salud que venían gozando, debido a la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de congelar las ayudas internacionales de la USAID, que afecta a Colombia, ya que a través de estas miles de migrantes en especial los venezolanos se venían beneficiados.
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Otra de las entidades que recibía recursos de la USAID en Valledupar era la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyos funcionarios indicaron no estar autorizados para dar algún tipo de declaración o postura ante la coyuntura actual.
Brevemente indicaron: “Somos dos funcionarios acá, pero no estamos para dar ningún tipo de declaraciones, hay cosas que se van, pero seguiremos funcionando”.
En esta capital, donde hasta el 2022 había un censo de 39.126 personas venezolanas, hace presencia la asociación para migrantes, ‘Red Panas’, la cual se encarga de ayudar a gestionar ayudas y cualquier tipo de beneficio para aquellos que decidieron salir de Venezuela o colombianos que decidieron retornar a su país. Una de sus representes es Iveth Ibáñez, quien mostró su preocupación por la situación.
“Los que más se verán perjudicados son las personas irregulares que no tengan el permiso y que nosotros le hacíamos el enlace para que se le prestara el servicio en salud, van a quedar muy afectados y es preocupante, muchos me han llamado a preguntarme qué pueden hacer para seguir siendo beneficiados. Teníamos un apoyo incondicional porque nos atendían a la población mirante irregular en el HEAD, a mujeres gestantes, en embarazo, salud mental y otras en un segundo nivel”, explicó Iveth Ibáñez.
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Resaltó que la población quedará desamparada porque muchos de los migrantes no tienen afiliación a salud.
“Los migrantes estaban confiados y han sido muchas las atenciones recibidas por la USAID y la OIM, como el programa mundial de alimento, también teníamos el apoyo de Mercy Corps con capacitaciones, talleres, transporte humanitario para la movilidad de un enfermo”, indicó Ibáñez.
Otra de las problemáticas que resaltó es que desde hace varios meses está suspendido el trámite del Permiso Protección Temporal por parte de Migración Colombia, de lo cual los más perjudicados están siendo los niños, niñas y adolescentes, ya que se les imposibilita el acceso a la educación porque los colegios no los aceptan sin documentación.
