Representantes de comunidades campesinas, de JAC, de consejos y asambleas comunitarias y de sindicatos, entre otros amparados en el Fallo de la Corte Constitucional sobre el cierre de minas de carbón en Cesar y Magdalena, invitan a la empresa Glencore -Prodeco a un diálogo constructivo.
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Además, a evitar maniobras evasivas y respetar la importancia del fallo judicial proferido y que cobija a los municipios mineros de La Jagua, El Paso, Becerril (Cesar) y Ciénaga (Magdalena).
Las 15 organizaciones relacionadas en un extenso comunicado de prensa solicitan también al Estado, representado en la Anla, así como a la Defensoría y la Procuraduría, que los acompañen en este proceso, respalden la decisión judicial y fortalezcan las medidas de protección para garantizarles la seguridad como líderes y lideresas en este proceso que adelantan para hacer cumplir el aludido fallo.
Así mismo solicitan a las organizaciones nacionales e internacionales que los sigan respaldando “para garantizar una participación real y efectiva y a que se cumpla con esta gran mesa de concertación” para la que aún no tienen fecha.
Defienden el fallo y exigen su cumplimiento para restaurar y compensar los graves impactos ambientales y sociales ocasionados ante el irregular cierre minero y encontrar medidas para enfrentar la pobreza y el desempleo que afrontan.
El fallo en comento sobre los cierres de minas en Colombia (T-029 de 2025), garantizó el debido proceso y en consecuencia la participación efectiva de las comunidades y sindicatos que representan a más de 20 mil personas de los más de 4 municipios afectados ante los impactos ambientales, sociales y económicos “que ha dejado el primer irregular abandono y cierre de minas de carbón a gran escala en Colombia”.
Las comunidades afectadas y trabajadores despedidos del Cesar y Magdalena lideraron la acción judicial durante más de 4 años para que se garantice un diálogo público por medio de una gran mesa de concertación donde se puedan definir las medidas de compensación y restauración que en materia ambiental, social y económica tiene la multinacional Glencore – Prodeco.
“Nosotros como comunidades y sindicatos del corredor minero respaldados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y representados judicialmente por la abogada Rocío Torres Bobadilla, consideramos que esta mesa pública puede ser la última oportunidad garante y vinculante para que hagamos un balance de lo ocurrido en nuestros territorios luego de 25 años de explotación y logremos medidas para que la empresa Glencore compense y restaure todos los impactos ocasionados”.
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Los que desean ser escuchados a sanar los territorios y recuperar la economía son: Junta de Acción Comunal de Boquerón, Consejo Comunitario Afrodescendiente Coafrovis de la Victoria de San Isidro, Red de Mujeres del Municipio de El Paso, Asamblea Campesina del Cesar por la restitución y el buen vivir, Asociación de Usuarios Campesinos ANUC El Paso, Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón –Sintracarbón, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Minero-energética, Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Asociación del Resguardo Sokorhpa del pueblo indígena Yukpa, Consejo Comunitario Caño Candela de Becerril, Junta de Acción Comunal del barrio Don Jaca en Santa Marta, corregimiento de Cordobita en Ciénaga (Madgalena), vereda El Hatillo, representante Junta de Acción Comunal Sororia de la Jagua de Ibirico, Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna y Rocío Torres Bobadilla- Defensora Derechos Ambientales.
A ellos los apoyan la Universidad del Magdalena, Universidad del Magdalena, Clínica Jurídica, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, London Mining Network, PAX Holanda, PAX Colombia, CNV internacional, Solifonds, Multiwatch, ASK Grupo de Trabajo Suiza- Colombia, Urgewald, Polen –Transiciones Justas-, Ana Catalina Herrara - Defensora de Derechos laborales y Ángela Velandia Cruz – Defensora de Derechos Humanos.
