Por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas para víctimas del conflicto armado, en el departamento del Cesar, la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra la entonces vocera de Fiduagraria, Migdonia Patiño Arias, cuya entidad hacía o hace parte del Banco Agrario. La ejecución del proyecto de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), supera los $ 2.200 millones.
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La decisión, de la Procuraduría también cobija a los entonces representantes legales de la firma contratista, Consorcio Makura VISR, Alexander de Jesús Montalvo Echeverría, y de la interventoría, Alexis Benjamín Cardona Ortiz.
Al parecer, el bilateral, celebrado en 2018, para la construcción de 68 viviendas, no se había ejecutado de manera efectiva y en los tiempos estipulados, pese a la cantidad de otrosíes y suspensiones hechas a este contrato suscrito por Patiño Arias, en su condición de apoderada del Patrimonio Autónomo VISR y vocera de Fiduagraria.
Se cuestiona la conducta de la entonces funcionaria quien debía adelantar las diferentes actividades de seguimiento, vigilancia y control de la correcta ejecución de las obras y de la respectiva interventoría.
Para el Ministerio Público las falencias en la planeación y seguimiento del proyecto por parte del Banco Agrario de Colombia y Fiduagraria S.A., así como de la firma interventora, llevaron a que se presentaran deficiencias en las 32 viviendas edificadas, así como el incumplimiento en la construcción total de las 68 pactadas.
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La Procuraduría también reprochó la conducta del representante legal del contratista, el cual, al parecer, no ha cumplido con el objeto y los términos inicialmente estipulados, generando retrasos en la entrega de la obra.
