Recientemente la Alcaldía de Valledupar realizó una intervención en el Balneario Hurtado del río Guatapurí, donde demolió más de 600 metros de concreto y otras estructuras que habían sido construidas de manera autoritaria y sin permisos a lo largo de los años por comerciantes del sector. Además de ello retiraron las carpas dispuestas para la atención de los visitantes.
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Esta medida se dio en atención al fallo de segunda instancia del Consejo de Estado de 2024, que conmina a entes territoriales competentes a la salvaguarda y protección del río debido a la grave contaminación y degradación ambiental.
Ante estas medidas de la administración municipal, los comerciantes del sector que están legamente constituidos, han manifestado que sí están de acuerdo en las decisiones de la Secretaría de Gobierno, pero difieren a que solo sea en contra de ellos, es decir, de quienes ejercen la actividad comercial.
“Es una medida de protección que dice el Consejo de Estado y no estamos en contra de ello, pero es al comerciante que atropellan, acá hay muchas falencias que la Alcaldía no corrige sino que viene en contra de nosotros, el retiro de las carpas no fue socializado. La intervención del río debe hacerse desde el nacimiento hasta la desembocadura, no solo en Hurtado y no lo hacen, nos perjudican es a nosotros y más en estas fechas que viene Semana Santa y Festival Vallenato”, expresó José Vanegas, líder de la asociación de comerciantes.
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Destacó que actualmente en este sector no hay puesto de control de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, para atender cualquier tipo de emergencia que se presente.
“La Alcaldía no tiene contrato con los organismos de socorro para alguna emergencia, si se ven policías, pero eso no es suficiente. Para la temporada que se avecina nos estamos preparando, pero llegarán muchos revendedores que no son controlados por la Alcaldía y es una competencia desleal con nosotros que pagamos servicios y arriendo. No hay vigías en el río y hace falta mucho control en este sector”, puntualizó José Vanegas.
Es de recordar que la sentencia del Consejo de Estado resalta la grave situación de contaminación del río Guatapurí, causada por aguas residuales, domésticas e industriales. También lo afectan las construcciones e invasiones en áreas de protección, ocupando una franja mínima de 30 metros del cauce de la corriente.
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Las entidades a ejercer acciones a favor del río son el departamento del Cesar, el municipio de Valledupar, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, y la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar.
