Hace un par de días en el departamento del Cesar se registró un bloqueo de más de 24 horas, a la altura del corregimiento El Burro, jurisdicción del municipio de Pailitas. Esto afectó en gran medida la movilidad y la economía, principalmente para los que transitan entre el Caribe y el interior del país, ya que esta vía es la principal conexión entre ambas regiones.
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A pesar de que el Cesar no es un territorio donde los bloqueos sean constantes en comparación con La Guajira, los últimos bloqueos han sido por cuenta de reclamantes de tierra de diferentes municipios que están inconformes con las actuaciones y decisiones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La protesta se dio entre el miércoles y jueves de la semana pasada, cuando cerca de 400 familias campesinas que hacen parte de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios se apostaron en la importante arteria vial para hacerse sentir ante el Gobierno Nacional que no les cumple.
Señalan que en dicha comisión están organizadas 17 asociaciones campesinas de 6 municipios del Cesar y 2 del Magdalena, que históricamente han luchado por el derecho a la tierra y a la vida campesina.
Rechazan de manera categórica la afirmación de la Agencia Nacional de Tierras, que sostiene que son los mayores beneficiarios de predios, con 3.200 hectáreas, de las 22.000, que se habrían entregado en el departamento hasta diciembre del 2024.
“Con toda la pena del mundo, nos toca decir que eso no es verdad”, dice la Comisión.
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Una de las problemáticas que más enfatizan es el predio La Oficina, ubicado en Chimichagua, el cual fue recuperado en el gobierno del expresidente Iván Duque, pero fue una entrega provisional. Sin embargo, en la actualidad producen alimentos y tienen la protección de 1.700 hectáreas. Ahora llevan año y medio esperando la formalización y adjudicación de manera definitiva por parte de la ANT.
Recordaron que el 25 de abril de 2024 realizaron una movilización en Tamalameque, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pactados previamente con la ANT para el acceso a tierra, y solo así lograron provisionalmente la adjudicación del predio Santo Domingo, ubicado en el corregimiento Guamo, en Chimichagua.
“Se trata de 114 hectáreas destinadas a 11 familias campesinas cuya entrega provisional debía durar 6 meses, y ya vamos para el año”, dice el campesinado.
También referenciaron lo sucedido con la hacienda que perteneció al ‘Ñeñe’ Hernández y posteriormente a Huegues Rodríguez, la cual nombraron ‘Nuestra América’, y está compartida. Trabajan por autogestión 9 asociaciones campesinas que integran el TECAM.
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“De esas asociaciones solo dos son de la Comisión, así que, dividiendo y sumando nos da 322 hectáreas bajo la responsabilidad de nuestro proceso. Entonces, en total, de las 22.000 hectáreas la ANT ha entregado de manera provisional 436 hectáreas en todo el departamento del Cesar a 3 de las 17 asociaciones que integran nuestro proceso conformado por más de 2.000 familias”, puntualiza la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios.
También señalan de manera directa los incumplimientos e inconsistencias por parte de Alexándra Pineda, quien es la asesora departamental de la ANT. Sostienen que uno de los casos más graves sucedió en junio del 2024, cuando la entidad prometió la finca ‘Rancho Santa María’, porque ya estaba lista para la entrega, pero al llegar al sitio, ni siquiera lo habían comprado y siguen esperando.
Se defiende la ANT
La Agencia Nacional de Tierras sigue argumentando que la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, ha sido la organización más beneficiada en la entrega de tierras en el departamento del Cesar con alrededor de 3.200 hectáreas.
Anota que también apoyaron con un profesional de la ANT para acompañarlos en la identificación de sus iniciativas productivas, para que se postularan a la convocatoria de proyectos productivos.
“La unidad del movimiento campesino es fundamental para comprender la deuda histórica por la democratización de las entregas de tierras en el país y la necesidad de que cada hectárea llegue a más manos, a más organizaciones, a más beneficiados y no a una sola organización campesina. Reconocer justamente la diversidad del movimiento campesino permitirá avanzar de manera unitaria en este propósito. La Agencia Nacional de Tierras continúa haciendo un llamado especial a las organizaciones campesinas reiterando la firme disposición al diálogo”, indicaron a través de un comunicado.
Firma de acuerdo
Para los días de la protesta, era importante para los entes territoriales que las vías fueran despejadas y el tránsito vehicular se restableciera, puesto que el bloqueo estaba generando afectaciones en el sector transporte y en la economía. Por ello establecieron un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde la Gobernación del Cesar, logrando la firma de un acuerdo y así la manifestación cesó.
El aludido acuerdo indica que van a reinstalar la Mesa de Interlocución Regional pactada con la Comisión por la Vida Digna desde el 2022, en cabeza de Gabriel Rondón Olave, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, para el día sábado 5 de abril del 2025 en el municipio de Pailitas.
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Esperan en ese escenario al Ministerio del Interior; al director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman; a la Gobernación del Cesar, delegado de Corpocesar y delegado del Ministerio de Agricultura de nivel directivo, vocerías delegadas de la Comisión por la Vida Digna y también convocarán a la UNP.
En esta sesión de la Mesa revisarán los acuerdos pactados con anterioridad con cada institución para concertar una ruta de cumplimiento y seguimiento.
Otra inconformidad
Otra de las inconformidades encontradas por parte de campesinos ocurre en zona rural de Valledupar, específicamente en la vereda Buenos Aires, entre los corregimientos Aguas Blancas y Mariangola, donde le fue entregado un predio a víctimas del conflicto armado y resulta que ese terreno no es apto para la agricultura.
Así lo expuso Manuel Lara, fiscal de la Asociación Campesina Tierra de Bendiciones. Asegura que las tierras deben tener condiciones para ser productivas, pero hoy tienen 240 hectáreas en cerros rocosos, de las cuales más de 100 son un terreno quebrado y lajoso.
“Nos dieron una finca abandonada donde hay un ganado desde hace varios años. El agua más cercana la tenemos a 3 kilómetros de distancia y es cruzando otro cerro. Nosotros somos 34 familias, de las cuales 27 son víctimas del conflicto armado”, anota Manuel Lara.
De igual manera explicó, que a través de la ANT, un agrónomo traído desde Bogotá y no del territorio, dijo que el terreno era apto para la ganadería de levante, como criaderos de cerdos y chivos, lo que difieren los campesinos al decir que no tienen tierras aptas para cultivar el alimento.
Estos campesinos no tenían conocimiento sobre qué tipo de tierras les iban a entregar ya que todo fue direccionado desde el nivel central. Al ver estas inconsistencias se negaron a recibir de manera formal la tierra ya que de hacerlo se comprometían a durar 7 años en el predio sin tener garantías para la producción.
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Sabiendo esto, fueron llevados hasta el municipio de Chimichagua en noviembre pasado donde de manera simbólica ante el presidente Gustavo Petro recibieron la tierra.
“Por qué llevarnos a un evento ante el señor Presidente para reflejar un trabajo que la señora Alexándra Pineda, que manifestó haber hecho, y salir a decir que ella entregó la finca a otra asociación, sin tener un acta, un oficio donde consta de que nosotros dimos ese aval y que hay una priorización a través de un acta. Eso es un abuso, nos están revictimizando”, expresó Lara.
Todas estas anomalías e inconformidades los campesinos las pusieron en conocimiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Energéticos y Agrario, Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y Derechos a Víctimas del Conflicto Armado y a la Procuraduría Agraria.
Finalmente, lo que piden es la adjudicación de un terreno apto para la agricultura.
