La más reciente alerta de inminencia que lanzó la Defensoría del Pueblo por la violencia que se registra en la zona del Catatumbo y que se extiende hasta la Serranía del Perijá, en el norte del departamento de Cesar, cobija a los municipios de La Paz, Manaure y San Diego.
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De acuerdo con la Alerta Temprana N° 005-2025- de inminencia, contenida en 31 folios, las anteriores poblaciones del Cesar “bien podrían terminar convirtiéndose, en una suerte de escenario alterno de la confrontación, que libran estos dos grupos armados no estatales”, refiriéndose al Frente de Guerra Nororiental- Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional –ELN y Bloque Magdalena Medio- Gentil Duarte del Estado Mayor de Bloques y Frentes −EMBF3.
“El riesgo de que la confrontación armada del Catatumbo, se extienda y traslade hasta la franja de la Serranía del Perijá situada al norte del Cesar, se hace más tangible si se tiene en cuenta que en ambos territorios se registra la presencia y accionar de las mismas estructuras del ELN y del EMBF que están enfrentadas”, dice la Defensoría del Pueblo que a su vez localiza geográficamente el riesgo en San José de Oriente, La Laguna de Los Indios, Los Encantos y Guaimaral en La Paz; José Concepción Urdinales, Sabanas de León y Pie del Cielo en Manaure Balcón del Cesar; y El Rincón, Medialuna y Tocaimo en San Diego.
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Además, los más afectados con el riesgo que advierte el Ministerio Público son firmantes del Acuerdo de Paz, que desarrollan colectivamente su proceso de reincorporación a la vida civil, tanto en la vereda Tierra Grata, como en otros lugares del Cesar, donde algunos de estos residen. En el Cesar, hasta el 31 de enero estaban registrados 218 de estos firmantes.
Ese riesgo se hace extensivo a la población civil, en especial a los campesinos organizados, quienes de acuerdo con la aludida alerta están expuestos a homicidios selectivos y de configuración múltiple, especialmente, sobre la población firmante y sus familias; desplazamiento masivo; desapariciones forzadas; reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes; retenciones ilegales, constreñimiento para formar parte de los grupos armados ilegales; extorsión; estigmatización y amenazas.
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Muchas de estas acciones de intimidación en el norte del Cesar se han venido incrementando desde finales de 2024 y la Alerta Temprana de Inminencia da cuenta de ello con la relación de algunos casos como el ocurrido “el 2 de febrero de 2025, en la vereda Caracolí Hueco, del corregimiento de San José de Oriente en La Paz, donde el Frente de Guerra Norte- José Manuel Martínez Quiroz del ELN, realizó una acción propagandística, consistente en el despliegue y ubicación, a la vera del camino que conduce al corregimiento de El Rincón en San Diego, de una bandera que hace parte de su iconografía, lo cual resulta indicativo de su interés en visibilizar su presencia y marcar su territorio. Días atrás, un hecho propagandístico similar, tuvo lugar una vereda del corregimiento de Guaimaral en La Paz”.
También están en riesgo las personas migrantes en situación irregular, así como niños, niñas y adolescentes, que estarían expuestos/as a ser víctimas de violencia sexual y reclutamiento forzado, uso y utilización por parte de los grupos armados, y las personas defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales, quienes en su labor de protección territorial y promoción de los derechos fundamentales, podrían ser blanco de ataques y represalias.
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Dice la Defensoría del Pueblo que “esta región del Cesar siempre ha resultado atractiva y, especialmente en la actual coyuntura, su valor geoestratégico se acrecienta, ya sea como zona de refugio o de retaguardia, o como vórtice de la partida y/o llegada de distintos corredores de movilidad. De tal manera que, si antes esta región les resultaba de interés, ahora en el marco de una confrontación abierta, adquiere un mayor valor”.
Recomendaciones
La misma Alerta Temprana de Inminencia contempla 20 recomendaciones en 5 ejes temáticos para que sean tenidas en cuenta por las autoridades.
Estas son: medidas de disuasión, control y mitigación del contexto de la amenaza; medidas de prevención y protección, judicialización y acceso a la justicia; medidas de asistencia y atención humanitaria y medidas de acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva del riesgo.
