En la mira de la Procuraduría y la Fiscalía se encuentra el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, por un posible detrimento millonario a las arcas del municipio, a través de la negociación de tres lotes que fueron recibidos por su gobierno bajo la figura de dación en pago a morosos del impuesto predial.
Con esta transacción, el municipio terminó con una deuda por más de $20 mil millones en vez de tener un ingreso por obligaciones tributarias.
De acuerdo con la investigación, la administración municipal recibió dos lotes a la Sociedad Lascano Morales & Hijos, para que esta saldara una deuda de $993 millones por concepto de impuesto predial, y aceptó devolverle a la firma un saldo a favor por más de $18.000 millones, con base en un avalúo de los predios que presentó este contribuyente, por lo que la dación de pago terminó siendo una compra de los terrenos que, además, estaban invadidos; y otro lote por más de $2.500 millones a Marleny Esther Kammerer, quien debía $433 millones en impuestos.
Teniendo en cuenta que el municipio se encuentra en Ley 550, y que no contaba con los recursos para pagarle directamente los más de $18.000 millones a la Sociedad Lascano Morales & Hijos, el alcalde habría facultado a esta firma para que recuperara el saldo a su favor, a través de la compensación del Impuesto Predial Unificado a terceros.
La figura permitía que la firma buscara a otros deudores de impuestos para cobrarles sus obligaciones tributarias; es decir, recibir sus pagos con base en el soporte de los pasivos que había adquirido la administración local al recibir los predios por un valor mayor al establecido, lo que contraviene la figura de la dación de pago, que se aplica para la extinción de la obligación.
De esta manera, los particulares cobraron a otros contribuyentes el valor de sus obligaciones, pasaban una lista a la Secretaría de Hacienda de quienes habían cancelado, al parecer, no solo con dinero, sino con otros bienes, para que les entregaran el paz y salvo, y quedaran al día con sus impuestos, sin que a las arcas municipales entrara un solo peso.
El caso también fue investigado por la Contraloría municipal de Valledupar, que inexplicablemente después que una auditoría revelara 'operaciones presuntamente fraudulentas que afectaron los ingresos corrientes del Municipio, bajo la figura de dación en pago', fue archivada, desapareciendo los hallazgos disciplinarios, penales y fiscales que determinó inicialmente.
