La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, y al exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, por presuntas irregularidades contractuales.
El órgano de control reprochó el comportamiento de los exsecretarios General, César Cerchiaro de La Rosa, y de Educación de la Gobernación del Cesar, Juan Carlos Calderón Araujo, porque al parecer vulneraron el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección No. LP-SGR-0004-2013, y firmar la Resolución 001713, que adoptó el pliego de condiciones para el proceso contractual y el contrato No. 2013-02-0808.
En el caso del exmandatario departamental, el ente de control disciplinario le cuestionó que presuntamente no ejerció control y vigilancia en la etapa precontractual del proceso, y en la celebración del negocio jurídico, lo que habría permitido que el entonces secretario de Educación determinara como modalidad de contratación la licitación pública, cuando correspondía adelantar una selección abreviada, teniendo en cuenta que se trataba de acuerdo de voluntades para la dotación de vestido y calzado de los docentes adscritos al departamento.
'En el pliego de condiciones adoptado por Cerchiaro de La Rosa se incluyeron presuntamente criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes', manifestó la Procuraduría.
En relación al exalcalde de Valledupar la Procuraduría indicó que se habrían dado irregularidades en la condiciones para llevar a cabo la subasta inversa No. SASI 015-2015 por cerca de $2.000 millones.
Además, reprochó el presunto actuar irregular de la exjefe de la Oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre, al adjudicar la subasta a través de la Resolución No. 003892 y celebrar el contrato 784, del 28 de diciembre de 2015, sin presuntamente tener en cuenta que el pliego, al parecer, tenía condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de oferentes.
La Procuraduría cuestionó una presunta vulneración al principio de transparencia y responsabilidad y calificó de manera provisional la supuesta falta de los investigados, como gravísima a título de culpa gravísima.
