El presidente Gustavo Petro ha sido objeto de su primera acción popular ante el Consejo de Estado. La demanda fue presentada por el abogado Saúl Villar, quien argumenta que el mandatario violó el debido proceso durante la selección de Gregorio Eljach como candidato para el cargo de Procurador General de la Nación. El letrado acusa al primer mandatario de no cumplir con las normas de transparencia establecidas al inicio de la convocatoria pública que atrajo a 41 aspirantes.
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La controversia comenzó cuando el presidente lanzó una convocatoria abierta para que ciudadanos interesados postularan sus candidaturas al cargo de procurador general, cuyo actual titular, Margarita Cabello, finalizará su mandato en enero de 2025.
Aunque en un principio se recibieron múltiples postulaciones y se esperaba que el proceso siguiera un camino transparente, la inclusión de Gregorio Eljach, quien no había participado en la fase inicial, generó críticas sobre la falta de transparencia.
En qué se sustenta la denuncia contra el presidente
En diálogo con ‘Blu Radio’, Saúl Villar reveló los motivos que lo llevaron a interponer la acción popular contra el jefe de Estado y los argumentos legales que utiliza para sustentarla.
En su denuncia, Villar sostiene que el presidente modificó las reglas del proceso de manera injustificada, lo cual, según su interpretación, afectó los derechos de los otros candidatos que participaron en la convocatoria. Y es que Eljach, que no era parte de los seleccionados preliminares, fue añadido a la terna presidencial sin pasar por el procedimiento abierto, lo que ha sido descrito por Villar como “una violación al debido proceso”.
El abogado fundamenta su acción popular en el artículo 88 de la Constitución, que permite a los ciudadanos actuar en defensa de intereses colectivos como la moralidad administrativa.
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Villar también explicó que, tras estudiar otras vías legales, como una tutela, decidió que una acción popular era el recurso más apropiado para este caso, ya que considera que la designación de Eljach afecta directamente el principio de legalidad en la administración pública.
En medio de la entrevista, Villar calificó la actuación de Petro como “corrupta e inmoral” y enfatizó que, al cambiar las reglas durante el proceso, el presidente no solo traicionó las expectativas de los aspirantes, sino también las de los ciudadanos que confiaban en un procedimiento limpio y transparente. Además, cuestionó la utilidad de haber llevado a cabo un concurso público si al final no se iban a respetar sus resultados.
Por su parte, el presidente Petro defendió su decisión de incluir a Eljach en la terna, argumentando que este había sido finalista en un proceso previo ante la Corte Suprema de Justicia. Según el jefe de Estado, esto lo hacía un candidato apto para ser considerado en la terna final, pese a no haber participado en la convocatoria pública abierta.
No obstante, Villar respondió que los procesos judiciales y administrativos son independientes, y que la inclusión de Eljach sin haber cumplido con las reglas de la convocatoria es una falta grave.
¿Fue discrecional la elección del primer mandatario?
Uno de los puntos de debate clave en este caso es la facultad discrecional del presidente para conformar la terna que luego será presentada al Senado para la elección del nuevo Procurador General.
Aunque la Constitución otorga a Petro la capacidad de seleccionar a los candidatos que considere más adecuados, Villar argumenta que al haber lanzado una convocatoria abierta, el presidente generó un compromiso con la transparencia que no fue cumplido al final del proceso.
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“Si la Corte Suprema hubiera elegido a un candidato que no participó en su convocatoria, todos habrían señalado corrupción”, precisó el togado
El abogado también resaltó el desgaste administrativo que este procedimiento generó, señalando que se invirtieron recursos y tiempo en revisar las hojas de vida de los aspirantes y en realizar entrevistas. “Si ya se había avanzado tanto en un proceso, ¿por qué no respetar los resultados?”, cuestionó Villar.
Reacción de Petro a la demanda
La acción popular ha sido descrita por algunos sectores como un acto de vigilancia sobre el cumplimiento de los principios administrativos por parte del gobierno.
No obstante, Petro ha calificado la demanda como un movimiento influenciado por sectores opositores, mencionando específicamente lo que denominó como “Vargasllerismo”, en referencia a la facción política del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
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Villar, por su parte, ha negado cualquier vínculo político y afirmó que su único objetivo es que se respete la legalidad y se garantice el debido proceso en las actuaciones del gobierno.
La acción popular ya ha sido formalizada ante el Consejo de Estado, y se espera que esta corte decida si la demanda tiene mérito suficiente para avanzar.
