La Procuraduría General de la Nación reiteró este lunes, 30 de septiembre, su llamado a los integrantes de la Fuerza Pública implicados en las ejecuciones extrajudiciales del macrocaso 03, más conocido como el caso de los ‘falsos positivos’, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), subcaso Costa Caribe.
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El órgano de control recordó a los comparecientes su responsabilidad en los crímenes, así como la obligación de asumir la reparación integral de las víctimas.
Durante la audiencia de observaciones de las víctimas, Jairo Acosta Aristizábal, el procurador delegado ante la JEP, instó a los implicados a reconocer los daños causados y cumplir con las medidas de reparación, recordando que el proceso no se limita a sus actos directos, sino que abarca los diversos roles que ocuparon dentro de las estructuras militares.
Según Acosta, la responsabilidad no puede desvincularse de los niveles tácticos, operativos y estratégicos de las brigadas y divisiones donde ocurrieron los hechos.
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En este sentido, el Delegado explicó que las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional que incluye deberes de no agresión, control y cuidado de los derechos humanos.
Asimismo, destacó que los crímenes en cuestión no solo representan una violación directa a estos principios, sino que la permisividad o promoción de tales actos agrava la responsabilidad de los comandantes y superiores jerárquicos.
“Hay una responsabilidad por mando y por ejecución”, señaló Acosta, quien además enfatizó en la gravedad de “distorsionar” las funciones de cuidado atribuidas a las Fuerzas Armadas por la Constitución: “Hay deberes de cuidado, de control, de diligencia, de humanidad, que ninguno está relevado de cumplir. Es muy grave distorsionar las funciones de cuidado que constitucionalmente obligan a las Fuerzas Armadas8, precisó el delegado.
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En su intervención, Acosta también hizo un llamado a que se agilicen los procesos ante la JEP en favor de las víctimas.
Señaló que la restitución de los cuerpos y el restablecimiento del buen nombre de las personas afectadas es un imperativo que no admite demoras, especialmente ante el deterioro de las fosas comunes y el estado de los cuerpos.
“Todo cuanto hagamos agresores, sociedad e instituciones para entregarles respuestas efectivas no es un favor, es un imperativo. Ni el restablecimiento del buen nombre de las víctimas, ni la recuperación de sus cuerpos da espera porque día a día las fosas se transforman y los cuerpos se degradan”, manifestó el procurador delegado.
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Adicionalmente, el representante del Ministerio Público reiteró varias peticiones a la JEP, destacando la necesidad de completar las versiones pendientes de los comparecientes, así como de practicar pruebas documentales que fortalezcan las evidencias en contra de todos los implicados, tanto militares como terceros responsables.
Estas acciones, según Acosta, son cruciales para que se remitan copias de los procesos a otras instancias judiciales, con el objetivo de evitar que la impunidad se extienda a otros servidores públicos o personas vinculadas con los hechos.
Finalmente, la Procuraduría, en su intervención, destacó que si bien el acuerdo para la entrega de la libertad personal es generoso, los comparecientes tienen la obligación moral y legal de hacer un uso adecuado de este beneficio, comprometidos con la reparación de las víctimas.
