El magistrado César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió hablar con el objetivo de despejar los grises que han surgido alrededor de la investigación y formulación de cargos contra la campaña presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con el togado, una sentencia del Consejo de Estado le dio a la entidad la competencia correspondiente para investigar todas las campañas electorales, incluyendo la de presidencia. Además, aclaró que el Congreso de la República es el único tribunal con jurisdicción para imponer sanciones de carácter penal a un jefe de Estado.
El presidente y su gabinete dice que es un golpe de estado la decisión que ha tomado el CNE, ¿qué tiene para decir?
Un golpe de estado es toda actuación que pueda ser desarrollada al interior de un país por fuera de un marco constitucional ilegal. En el caso de lo que ha decidido el Consejo Nacional Electoral, está muy lejos de ser un golpe de estado. Y lo único que hemos hecho es cumplir con lo que dispone la constitución, la ley, la sentencia reciente del 6 de agosto del año 2024 del Consejo de Estado y otros pronunciamientos de las altas cortes que determinan que el Consejo Nacional tiene la competencia para adelantar investigaciones relacionadas con campañas electorales de cualquier orden, incluyendo la de la presidencia.
¿Se está violando el fuero del presidente?
El fuero del presidente de la república no será afectado por el Consejo Nacional Electoral. Su permanencia en el cargo o no, no depende del Consejo Nacional Electoral, sino del Congreso de la República. Su sanción de carácter penal depende del Congreso de la República. Y en lo que respeta al Consejo Nacional Electoral no tenemos nada distinto que respetar ese fuero y la institución de la presidencia. Eso sí, en el ejercicio de nuestras competencias, y si así resulta debidamente comprobado y las actuaciones administrativas estén debidamente en firme, se impondrán las sanciones económicas a que hubiere lugar.
En ese sentido, ¿como mucho el CNE podría imponer una multa económica al presidente?
Es lo único que puede hacer con relación a las campañas electorales. Si las conductas que se castigan con esa multa económica da origen a unas situaciones de carácter penal o disciplinario, será de competencia de otras autoridades.
¿Cuál es el proceso que viene ahora?
La primera parte que debe ocurrir es que se le traslada a las partes vinculadas o relacionadas con la campaña electoral para que presentes los descargos correspondientes. Luego de presentar los descargos correspondientes, deberá abrirse una etapa probatoria y esa etapa probatoria variará los términos dependiendo de si son personas naturales o son personas jurídicas. En el caso de personas naturales, hasta por dos meses, en el caso de personas jurídicas, hasta por cinco meses. Luego de vencido ese término, se abre una etapa que se llama alegaciones y como consecuencia de esas alegaciones al final se deberá cerrar la investigación que podrá concluir que efectivamente los hechos ocurrieron con grado de cesa o que los hechos no ocurrieron. Si los hechos no ocurrieron, hasta ahí llega la investigación del CNE y si los hechos ocurrieron, se impondrán las sanciones económicas.
El gobierno anunció que recurrirá a la CIDH por la apertura de la investigación por parte de ustedes. ¿Cómo lo toman?
Es un derecho. Toda persona puede acudir a los organismos internacionales si considera que hay motivos para ello. Esperemos el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya ha ocurrido en el pasado. No es extraño que pueda ocurrir en el futuro.
¿Cómo han tomado al interior del CNE los recientes ataques contra los magistrados que los han tildado de politiqueros y le han hecho varios señalamientos de grueso calibre?
Nosotros desde hace algunos meses obviamente nos hemos sentido incómodos, en algunos momentos temerosos y otras veces muy preocupados. En el caso del magistrado (Álvaro) Prada, su situación personal lo obligó a sacar su familia por fuera del país.
