Este lunes se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Primera del Senado en la que se debatió el controvertido proyecto de ley que propone rebajas de hasta el 50% en las penas para personas condenadas por delitos graves, siempre y cuando acepten los cargos.
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El objetivo del proyecto, impulsado por el Ministerio de Justicia, es agilizar los procesos judiciales y reducir la congestión en las cárceles, permitiendo que los acusados puedan acceder a sentencias más rápidas mediante preacuerdos. Sin embargo, esta propuesta ha generado una fuerte división de opiniones.
Mientras algunos sectores del poder judicial defienden las rebajas como una medida necesaria para mejorar la eficiencia del sistema, otros consideran que otorgar beneficios a quienes han cometido delitos atroces, como crímenes sexuales contra menores, podría representar un retroceso en los derechos de las víctimas.
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Durante la audiencia, varios actores del sistema judicial, representantes de organizaciones civiles y expertos en justicia penal expusieron sus puntos de vista sobre la iniciativa.
Fiscalía defiende las rebajas como herramienta para agilizar sentencias
Durante su intervención en la diligencia, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, defendió el proyecto, argumentando que las rebajas de penas son una alternativa para agilizar los procesos judiciales sin comprometer la severidad del castigo.
“Las posibilidades que trae el proyecto para hacer preacuerdos y allanarse a cargos en delitos que hoy tienen prohibición no son una obligación, son una alternativa”, afirmó Camargo, argumentando además que las penas en Colombia son altas y que las rebajas no implican indulgencia: “No queremos beneficiar a los peores delincuentes con rebajas excesivas. Las rebajas planteadas son moderadas, pues nuestro sistema tiene penas muy altas”.
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Para ilustrar su punto, Camargo hizo mención del reciente y sonado caso de Sofía Delgado, la menor de 12 años asesinada en Valle del Cauca, advirtiendo que su confeso feminicida, Brayan Campo, en un caso anterior “salió con vencimiento de términos básicamente porque el defensor pidió que la audiencia fuera presencial y el Inpec que está desbordado no pudo hacer el traslado del interno para que asistiera a la audiencia que no se podía llevar a cabo sin su presencia”.
La Corte Suprema resaltó la necesidad de pronta justicia
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, también expresó su apoyo a la propuesta, señalando que las rebajas de penas permitirían sentencias en plazos razonables.
Para defender esto, tal como la fiscal general, Chaverra argumentó que los procesos que se abren actualmente contra ciudadanos que cometieron delitos “están terminando con prescripción y en absoluciones”, debido a que las diligencias se alargan porque los delincuentes no se allanan a los cargos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presidente de la Corte aseguró que la rebaja de penas permitiría sentencias en plazos más cortos y la pronta reparación de las víctimas.
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Ahora bien, frente a lo que tiene que ver con los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, el jurista señaló: “Estamos planteando que sea posible allanarse y preacordar con una rebaja de la mitad. Incentivamos el mecanismo de terminación anticipada de los procesos y lograríamos que frente a ese tipo de delitos pueda haber en 3 o 4 meses una sentencia rápida. (...) Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50 o 40 años”.
Finalmente, Chaverra aclaró: “No estamos levantando jamás la prohibición de sustitutos penales”, al tiempo en que enfatizó que el sistema mantendrá restricciones para quienes cometan delitos graves, como la libertad condicional o la prisión domiciliaria.
Críticas desde el sector social: ¿es una amenaza para las víctimas?
Pese a lo argumentado por el presidente de la Corte y la fiscal general, representantes de organizaciones civiles, como Catalina Escobar, directora de la Fundación Juanfe, manifestaron estar en contra del proyecto.
La representante expresó su preocupación por la reincidencia de quienes cometen delitos atroces, en particular contra menores de edad. “Un psicópata es una persona enferma, que si lo soltamos a la sociedad vuelve y reincide en delitos”, advirtió Escobar, quien consideró que el proyecto pone en riesgo la seguridad de los niños.
“Eso no lo podemos permitir, el asesino de Sofía ese fue un reincidente. Él tenía una condena, lo sueltan por vencimiento de términos y él repite una y otra vez. (...)Permitir esta ley es un fracaso. Nosotros le debemos mucho a los niños, no solo por Sofía y por Salomé, sino por Yuliana Samboní”, precisó.
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El procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Christian Wolffhugel, también planteó dudas sobre el impacto de las rebajas de penas en la celeridad de los procesos judiciales, señalando que estas podrían incentivar “estrategias defensivas que conduzcan a temas de dilación”, aunque destacó que ya existe un sistema de justicia premial para los delitos más graves.
“La posibilidad de rebaja de pena conduciría a que esas estrategias defensivas conduzcan a temas de dilación (...) no hay cómo concluir que la rebaja de penas traerá como efectos la ausencia de interposición de recursos y de maniobras que se prolongan indefinidamente en el tiempo”, dijo.
Y añadió: “Hoy sí existe justicia premial para estos delitos, cuando alguien acepta los cargos y no tiene rebaja de penas se pregunta uno por qué acepta los cargos sin rebaja. Pues resulta que la sola aceptación de cargos trae como consecuencia que el rito judicial se modifique. (...) El hecho de que alguien acepte cargos y vaya directamente a sentencia no significa que no haya justicia premial”.
