La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios y/o particulares por determinar de distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS) con el objetivo de verificar posibles irregularidades identificadas en el informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización año 2020, emitido por la Contraloría General de la República.
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La Entidad busca verificar el correcto uso que se le dio a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación y los presupuestos máximos (no PBS) que fueron girados por la ADRES para la atención de la salud durante la vigencia 2020.
Según se conoció, la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública inició actuaciones disciplinarias para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de la UPC - presupuestos máximos - y las Unidades de Pago por Capitación (UPC) girados por la ADRES en el año 2020
En el mismo sentido, el Ministerio Público verificará si a las EPS les era aplicable o no el principio de anualidad que rige en materia presupuestal.
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La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
