La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP rechazar la petición de nulidad parcial relacionada con violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y personas de orientaciones sexuales e identidades diversas, OSIEGD, presentada por la defensa de algunos comparecientes de las extintas FARC-EP.
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En un documento divulgado por La W, la procuradora delegada ante la JEP aseguró que “el llamado es (...) a evitar que se pongan en contraposición, de manera irreconciliable, los derechos a la defensa de los comparecientes y los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es posible el ejercicio de ambos sin incurrir en el desconocimiento de alguno y para ello también ejerce su intervención especial el Ministerio Público, como ocurre en este escenario”.
Al parecer, la solicitud estaría impulsada por algunos exjefes de la extinta guerrilla, como alias Pablo Catatumbo y Edgar López Gómez, más conocido como Pacho Chino.
La defensa de los firmantes solicitó ante la JEP tumbar la imputación por los delitos sexuales investigados en el macrocaso 02 (situación territorial en Nariño) y argumentan, entre otras cosas, que sus derechos fueron vulnerados, pues, cuando se abrió ese caso en Nariño, no se tuvo en cuenta la temática de delitos sexuales.
Sin embargo, para la Procuraduría, el rechazo a esta solicitud de nulidad es crucial para evitar omisiones graves en la obligación del Estado de investigar estas violaciones.
También insistió en que las decisiones judiciales deben alinearse con los compromisos internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos, protegiendo especialmente a mujeres, niñas y personas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas.
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Finalmente, la Procuraduría resaltó que el derecho de defensa de los comparecientes no debe antagonizar con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y pidió que las decisiones judiciales se tomen con pleno respeto hacia las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización, y garantizando que tengan un acceso adecuado a la justicia.
