La Contraloría General de la República informó este martes 22 de octubre que, mediante Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones contra varios integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados por irregularidades en el caso del contrato en 2020 para instalar internet en apartadas zonas rurales del país.
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En el dicho contrato, el 1043 de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, según la Contraloría, se materializó un incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, “situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”.
Agrega la entidad que el fallo se dio luego de que se probara que hubo “una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
Por esto, señala la Contraloría, que se determinó fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados.
También se añade que esto también llevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba que tenía que retornarse los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, “sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)”.
También se determinó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la empresa proveedora, por lo cual se le declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora.
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De igual forma, la Contraloría falló en contra los miembros del consorcio interventor por ar aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban.
“Igualmente, el consorcio interventor pasó por alto solicitar reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de los equipos”, se lee en el comunicado de la Contraloría.
En la información de la entidad también detalló que con respecto a los funcionarios del Fondo único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se falló sin responsabilidad fiscal.
En esta situación no se le halló responsabilidad a Adriana Meza, en su calidad de representante legal delegada del FUNTIC, ni a Sandra Orjuela, en su calidad de subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC, así como a Camilo Alberto Jiménez Santofimio, como supervisor del contrato.
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“De igual forma, se desvinculó y archivó a las aseguradoras en atención a que obedecían a pólizas de manejo global de los funcionarios sobre los cuales se procedió a fallar sin responsabilidad fiscal”, señaló la Contraloría.
Los responsables fiscales en el fallo son:
• MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA:
- FUNDACION DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA, SEGURIDAD E
INNOVACIÓN
- ICM INGENIEROS S.A.S
- INTEC DE LA COSTA S.A.S.
- OMEGA BUILDING CONSTRUCTORA S.A.S.
• REPRESENTANTE LEGAL UT CENTROS POBLADOS 2020:
LUIS FERNANDO DUQUE TORRES
• MIEMBROS DEL CONSORCIO PE2020 C DIGITALES, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera.
- PMO SOLYCOM SAS
- EUROCONTROL SA SUCURSAL COLOMBIA
- TELEMEDICIONES S.A.S.
• OTROS
JUAN CARLOS ANGEL CACERES BAYONA (Representante Legal empresa proveedora de equipos)
