Tras las críticas recibidas por Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el registrador nacional, Hernán Penagos, le salió al paso a los señalamientos sobre las supuestas irregularidades en el proceso de licitación para para manejar la logística de elecciones de Juntas Administradoras Locales y de Áreas Metropolitanas.
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“La Procuraduría estuvo en el proceso de la convocatoria y estuvo incluso acompañando y haciendo verificación (…) el procurador delegado dijo claramente que luego de revisado los documentos del proceso no se encontraron riesgos que dieran lugar a observaciones”, dijo el registrador durante la Asamblea General de la Asociación Mundial de Cuerpos Electorales (A-WEB) que se lleva a cabo en Bogotá.
Idárraga Franco en días pasados había afirmado que en la licitación para organizar las elecciones de las JAL en 42 municipios y para dos Áreas Metropolitanas habían detectado “posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes en el proceso de selección”.
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Frente a las críticas del secretario, Penagos se dirigió al funcionario de manera vehemente: “Los funcionarios públicos responden ante los órganos de control, no ante funcionarios del Gobierno. Un funcionario de un Gobierno no puede sentenciar quién comente actos legales o ilegales”.
Andrés Idárraga no solo criticó al registrador también se le fue encima a la Procuraduría alegando que no cumplió con la ley y que, por el contrario, “fueron a lavarle la cara al registrador, abandonando el ejercicio de sus funciones”.
El Ministerio Público también defendió su gestión como órgano de control indicando que todo el proceso se hizo de forma transparente y no se encontraron riesgos en los documentos revisados.
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“Participamos en la audiencia de divulgación del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta, convocada públicamente a través del Secop. Durante la audiencia, ni la Secretaría de Transparencia ni ninguna entidad, veeduría o ciudadano intervino para hacer pronunciamientos o reparos sobre el procedimiento y la decisión de la Registraduría”, afirmaron.
Cabe recordar que el contrato de la Registraduría le fue otorgado a un conglomerado integrado por la firma Thomas Greg & Sons, misma que tiene bajo su mando la expedición de los pasaportes con un contrato con la Cancillería y que también ha tenido sus problemas.
