De 21 personas capturadas fue el saldo entregado por la Policía de Santander como consecuencia de un operativo llevado a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el Ejército Nacional en dos ciudades: Bucaramanga y Piedecuesta.
La motivación del mismo fue detener a personas que, al parecer, estarían vinculadas en el desarrollo de una serie de delitos perpetrados en el interior de por lo menos ocho instituciones de rehabilitación para personas con antecedentes de consumo de sustancias alucinógenas y enfermedades psiquiátricas.
De un modo más específico, las autoridades determinaron las prácticas en las casas fundacionales como ‘sitios de tortura’, donde en contra de los internos fueron perpetrados delitos que iban desde los abusos sexuales hasta torturas y castigos físicos.
En ese sentido, de acuerdo con una publicación de Vanguardia, dos de los detenidos señalados como cabecillas de la red criminal fueron identificados como Reinaldo Jaime Blanco y Álvaro Javier Salazar.
En uno de los establecimientos de rehabilitación data un antecedente de 2021, donde se presentó la muerte de Abraham Josué Chía Robles, de 27 años, quien fue golpeado y asfixiado en un cuarto de castigo.
Ese hecho derivó en una investigación que, ya para ese año, logró establecer que había 75 personas hacinadas en condiciones insalubres.
Con ese antecedente, no sorprendió a las autoridades que, tras las recientes pesquisas, se encontrara dentro de las instalaciones un ‘cuarto de reflexión’, que cuenta con medidas cerradas de 2x2 metros donde eran recluidos los “internos problemáticos”.
Con respecto a la red criminal, las autoridades determinaron que estas iniciaron sus actividades a partir del año 2013. Inicialmente, se supo que captaban pacientes con estado de indefensión y, una vez internados, se les suministraban medicamentos que no contaban con prescripción médica.
De este modo, se logró establecer que por lo menos 60 pacientes habrían llegado a ser víctimas de maltratos, entre los cuales también se destacan encadenamientos y heridas visibles. Todo esto habría pasado bajo el conocimiento de las directivas, quienes habrían autorizado esta clase de tratos contra los recluidos.
Así las cosas, las autoridades clausuraron las dos sedes y cada uno de los más de 20 detenidos enfrentarán cargos por delitos tales como secuestro, tortura, abuso sexual y concierto para delinquir, entre otros.
