Tras varias mesas técnicas cuyo objetivo fue promover el diálogo para identificar los retos que enfrenta el país en materia de protección de la infancia y adolescencia, la Alianza por la Niñez, NiñezYA y COALICO, establecieron 4 propuestas para presentar al Gobierno nacional durante la Primera Conferencia Ministerial Global para poner Fin a las Violencias contra la Niñez.
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En primer lugar, el manifiesto propone al Gobierno comprometerse a 2030 a implementar un plan amplío e integral para el desarrollo integral de la infancia y adolescencia.
De esta manera, la propuesta inicial consiste en una estrategia nacional pedagógica de prevención del castigo físico, tratos crueles, humillantes y degradantes como política pública de Estado, que incluya el fortalecimiento de capacidades familiares, un sistema de reporte interinstitucional, una campaña masiva contra el castigo físico y espacios intergeneracionales de diálogo para sensibilizar y prevenir las violencias.
Tan solo en el año 2023 se reportaron 6.369 casos de violencia intrafamiliar contra niñas y niños, es decir más de 17 casos diarios.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 313 homicidios de niños, niñas y adolescentes entre enero y julio de 2024. P
Por otro lado, hay una iniciativa para la creación de una estrategia intersectorial para la protección integral de niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado y el crimen organizado, en la cual se propone fortalecer medidas alternativas y rutas institucionales garantizando la implementación de enfoques diferenciales y la participación de niñas, niños y adolescentes.
Según datos de la Unidad de Víctimas, a corte del 31 agosto de 2024, se registran 1.842.272 niñas, niños y adolescentes como víctimas del conflicto armado. Para 2023 el secretario general de las Naciones Unidas en su informe anual dio cuenta de que en Colombia se presentaron 262 casos de reclutamiento de niñas y niños, superando en más de un 49% la cifra del 2022.
También, se propuso tener en cuenta una iniciativa para prevenir y atender de manera especializada y sancionar las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, abordando la explotación sexual, trata, uniones tempranas y matrimonio infantil forzado, mutilación genital, abuso sexual, y el uso indebido de las TIC con fines de violencia sexual.
De igual manera, esta estrategia debe incluir una reforma a la justicia para contar con un sistema adaptado a la infancia, con recursos financieros y talento humano adecuado y suficiente. Urge la eliminación de todo tipo de revictimización y violencia institucional en la atención y el sistema público de justicia.
Medicina Legal en lo que va corrido del año, de enero a julio, reportó 10.390 exámenes por delito sexual contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, datos del Ministerio del Interior reportan que entre 2021 y 2023 se registraron 1.756 casos de trata, entre ellos 211 eran niños y niñas.
Finalmente, las organizaciones propusieron una estrategia nacional de fortalecimiento a la familia y a la comunidad, y de esta forma, articular programas de fortalecimiento familiar y comunitario, con mecanismos de focalización para atender familias en situación de riesgo y prevenir la separación familiar innecesaria.
De acuerdo con el ICBF. El 66% de los ingresos al sistema son violencia sexual, omisión o negligencia, condiciones especiales de los cuidadores y violencia física.
