Este sábado la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortíz, hizo un llamado a desescalar el conflicto en Arauca destacando que, este año, han sido asesinadas 143 personas, entre ellos 18 líderes sociales y ocho mujeres.
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“Ante la alarmante persistencia del conflicto armado en Arauca, la defensoría del pueblo exige a las autoridades locales y nacionales la implementación urgente de medidas para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades afectadas. La confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc ha generado un aumento inaceptable de homicidios desplazamientos y de violaciones sistemáticas a la vida y seguridad de al población, esto incluye la protección. o más bien la desprotección, de lideres sociales y miembros de comunidades educativas” expresó.
Marín Ortíz también se refirió al caso más reciente que fue el del pasado 01 de noviembre, en Tame, donde asesinaron al líder social Alveiro Caicedo.
“En lo que va del año hemos documentado el asesinato de 143 personas, incluyendo 18 líderes sociales, lo que evidencia un contexto de violencia inaceptable. El más reciente hecho fue este 1 de noviembre con el asesinato del líder social y defensor de los derechos humanos de Tame, Albeiro Caicedo. La situación se agrava en 14 veredas y 3 resguardos indígenas en Tame, 21 veredas y 3 resguardos en Arauquita y Puerto Rondón donde las comunidades se ven obligadas a abandonar sus tierras y también sus proyectos productivos, lo que impacta gravemente su sustento y su calidad de vida”
La defensora del pueblo también hizo un llamado a los grupos armados, una vez más, para que cesen sus acciones violentas y ‘cumplan con los principios del derecho internacional humanitario’ manifestando que es su deber hacerlo. “Las comunidades, especialmente las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres y otros objetos de especial protección constitucional, no tienen porqué quedar atrapados en medio de esta confrontación. Es imperativo que se promueva la violencia y se promueva un entorno de respeto y de protección”, aseguró.
“Así mismo insto a las autoridades locales, departamentales y nacionales a implementar de manera inmediata las medidas de atención y prevención necesarias de la población civil. La institucionalidad debe garantizar la seguridad y justicia para los habitantes de Arauca, reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo”, agregó Marín.
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“La defensoría del pueblo reitera su compromiso al seguimiento de las recomendaciones planteadas en las alertas tempranas y exige una respuesta contundente coordinada por parte de las entidades del estado para mitigar el conflicto y proteger a las comunidades. La paz en Arauca no puede esperar, es tiempo de actuar” concluyó.
