La Fiscalía General de la Nación ordenó la suspensión de las órdenes de captura vigente en contra de tres integrantes del estado mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en el propósito del Gobierno de sentarse a negociar.
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De acuerdo a la Resolución 00503 del 8 de noviembre del 2024, el ente acusador suspendió por cuatro meses órdenes de captura de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo; Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso, y Loryin Emilio Pertuz Ballestas, alias George.
La Fiscalía también advirtió que dicha suspensión no tendrá efectos en situaciones de flagrancia respecto de “conductas delictivas que constituyan graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
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La resolución determina que la suspensión estará limitada a territorios bajo dominio de las ACSN. Solo cobija a los departamentos de La Guajira y Magdalena, en específico a lo municipios de Barancas, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Riohacha, Dibulla, Hatonuevo, Albania, Ciénaga, Algarrobo, Aracataca, Fundación, El Retén, Puebloviejo y Zona Bananera
De esta decisión se excluyó a Freddy Castillo Carrillo, conocido con el alias de Pinocho, quien en la reciente Resolución 335 del 28 de agosto del 2024 fue nombrado como miembro representante del grupo armado, lo que le permitía su participación en la eventual mesa de negociación que está por concretarse entre las partes.
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Cabe destacar que en agosto pasado se autorizó la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico entre los representantes autorizados por el Gobierno y los miembros representantes de las ACSN.
Dicha mesa está dirigida “a desarrollar conversaciones con dicha estructura armada, verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia según lo permitido por la Ley, y construir paz en los territorios”.
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El 17 de julio pasado, el grupo al margen de la ley solicitó al Consejero Comisionado de Paz desarrollar conversaciones con dicha organización para “verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos por la Ley y construir paz en los territorios”.
