La Guajira, Chocó, Antioquia y otros departamentos se han visto seriamente afectados por la emergencia invernal, por lo que se requiere de una suma de dinero para atender a las miles de familias afectadas, además de la infraestructura que se ha visto impactada por las fuertes lluvias.
Ante esto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en la elaboración y firma del decreto que –con base en la declaratoria de situación de desastre nacional por variabilidad climática– permitirá trasladar recursos no solo para la atención de los damnificados por la temporada invernal, sino también para la rehabilitación y reconstrucción de los territorios afectados.
Sin embargo, esta crisis climática también ocurre en medio de una crisis presupuestal, pues el presupuesto general de este año, del cual se había recortado 20 billones de pesos, porque el recaudo tributario no fue el esperado, ahora tendría un recorte aún mayor, de 33 billones de pesos, según advirtió el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
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“De tal manera que estamos buscando los recursos, y en el presupuesto estamos examinando dos temas simultáneamente: qué es lo que vamos a recortar del presupuesto y de dónde sacamos recursos para apalancar la atención de la emergencia”, dijo el jefe de la cartera económica.
Mientras ocurre esto, los gobernadores de los departamentos afectados por la ola invernal claman ayudas para las poblaciones. De hecho, en el caso del Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba aseveró que no necesitan recursos solo para un día, sino para al menos un mes.
“Hay familias que no tienen sino una pantaloneta encima, hay familias que han dormido en el piso, en cambuches. Hay familias que están en otras comunidades vecinas resguardadas”, dijo la mandataria departamental.
¿Cómo se gestionarán los recursos?
Una de las tareas del Gobierno no solo será definir el monto de los recursos para atender de la emergencia, sino también cómo gestionar esos recursos. Por ahora el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, aseguró que para la primera fase se destinará un total de 1.7 billones de pesos “que serían necesarios para que los diferentes sectores puedan dar respuesta (...) que implica poder asegurar las ayudas humanitarias, que las personas tengan acceso a agua potable y refugio”.
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Pero la importancia radica en cómo se gestionarán los recursos, ya que estos irán directamente a la Ungrd, la entidad recientemente involucrada en un grave escándalo de corrupción, que comprometió no solo a congresistas, sino también a funcionarios del Gobierno como el entonces director de ese organismo Olmedo López y salpicó al ministro Bonilla.
Por esta razón, desde el mismo Gobierno se nombrará a un ministro ad hoc para que se encargue del tema de la transferencia de los recursos para la atención de la emergencia, según comentó el mismo Ricardo Bonilla, quien deberá declararse impedido debido a que ha sido nombrado en las investigaciones del caso.
“Aquí va a haber un doble seguimiento a ese tipo de actividad. De paso, como yo me tengo que declarar impedido para entregar recursos, el Consejo de Ministros va a asignar un ministro ad hoc para la firma de estas resoluciones. Esto hay que hacerlo en el transcurso de esta semana, pero efectivamente hay que nombrar un ministro ad hoc para eso”, sostuvo Bonilla.
Según explicó Bonilla, la Ungrd es la única entidad que puede hacer una contratación rápida para estos casos, pues los demás organismos tienen que someterse a los designios de la ley 80, que establece normas más rígidas para contratar con dineros públicos.
Igualmente Carrillo enfatizó en que “sobre cómo asegurar que los recursos no se pierdan, pues ese es un tema que perturba al país entero, después de los hechos de corrupción que se dieron. Muchos de los recursos saqueados por la perfidia del señor Olmedo López y sus secuaces, pues salieron de la declaratoria (anterior). Así que nosotros esta vez tenemos que cumplirles a esos ciudadanos, y es clave el apoyo de los medios de comunicación y también de los organismos de control”.
