Una dura controversia han generado las pesquisas de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, contra la Registraduría. El órgano electoral rechaza el expediente y enciende las alertas sobre su independencia. El ente de control gubernamental, por su parte, afirma que es competente para la averiguación.
La polémica empezó cuando el pasado 8 de noviembre la SIC informó de la imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría por presuntamente desatender requerimientos en una visita administrativa de inspección los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo de 2024 en las instalaciones de la electoral, “con el propósito de recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal”.
Esto en un caso que tiene que ver con la compañía británica Thomas Greg & Sons, que contrata con la Registraduría. La misma empresa había ganado el contrato de la fabricación de los pasaportes en el país durante dos décadas, hasta que el excanciller Álvaro Leyva detuvo el proceso porque había un solo proponente, lo que terminó con una reciente sanción de destitución e inhabilidad de 10 años por parte de la Procuraduría por anomalías en dicho procedimiento del ex ministro de Relaciones Exteriores, ya que la declaratoria como desierta de la licitación no tenía fundamento debido a que cumplía con todos los requisitos establecidos, según el Ministerio Público.
Agrega el documento que la Superintendencia se encuentra facultada para decretar y practicar pruebas y, en general, para recaudar toda la información conducente que permita la verificación del cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano.
“Dentro del ámbito de sus funciones, la Superintendencia igualmente puede solicitar a las personas naturales y jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado, el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio, así como el acceso a los equipos de cómputo, móviles y correos electrónicos, que estos requieran para ejercicio de sus funciones”, indica el comunicado.
Y concluye la Superintendencia que “las conductas omisivas objeto de investigación pudieron materializarse al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y/o no atender las diligencias programadas por la Superintendencia”.
Finalmente, afirma la SIC que la visita estuvo acompañada por la Procuraduría y que “se establecieron por parte de la Superintendencia las pautas especiales para garantizar la seguridad y reserva de la información que se esperaba recaudar en el curso de la visita. Sin embargo, pese a estas garantías, la información requerida no fue entregada de forma oportuna ni tampoco fueron atendidas las demás órdenes e instrucciones”.
Por lo que resuelve que esta investigación puede culminar con la imposición de sanciones hasta por el valor de 2.000 salarios mínimos para cada persona natural “que haya infringido de forma directa las normas sobre protección de la competencia o que haya colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado dichas conductas”.
Ante esto, el registrador Hernán Penagos dijo en la emisora Blu Radio en días recientes que el procedimiento “claro que no es constitucional. La Superintendencia es un órgano que está adscrito al Ministerio de Comercio. Además, la Constitución dice que la Superintendencia actúa por funciones delegadas del presidente de la República. Pensar en eso es entender que a la Registraduría le puede hacer inspección y vigilancia la Superintendencia, el Ministerio de Comercio y la Presidencia de la República. Eso no es razonable. Los órganos electorales en un Estado de Derecho son independientes”.
Explicó en este sentido que son la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía las entidades que pueden investigar a la Registraduría. Y aseveró que hay datos sensibles que solo serán entregados en cumplimiento de una orden judicial: “Todo el proceso precontractual, contractual, las actas y los pagos están en poder de la Superintendencia. Ahora, hay información que definitivamente es sensible. También la entregamos, pero por orden judicial, no por una actuación unilateral de una entidad”.
Y puntualizó Penagos que “los datos en Colombia no los maneja esa empresa (Thomas Greg), los manejan los funcionarios de la Registraduría”.
La superintendente, Cielo Rusinque, a su vez, replicó: “La SIC ha recibido múltiples denuncias sobre posible corrupción en los procesos contractuales que adelantan distintas entidades del Estado, entre los que se encuentra la Registraduría. Pero, ¿cómo podríamos corroborar estas quejas sin acceso a la información? Es justamente por eso que la Superintendencia está facultada para hacer visitas administrativas”.
Finalmente, aseguró que “la Corte Constitucional ha precisado que esto de ninguna manera viola ni la intimidad de los funcionarios ni el funcionamiento de las entidades. (…) La SIC ha visitado a más de 125 entidades públicas, de diversas ramas del poder público; todas con el fin de verificar la libre competencia en los procesos de contratación”, añadiendo que “la mayor amenaza para la democracia colombiana es la impunidad. Como lo han sostenido los recientes ganadores del premio Nobel de economía, el desarrollo se construye sobre instituciones fuertes y democráticas. Es lo que hacemos con la SIC y desde la SIC. Para muchos en el país el mayor terror es que la ley se cumpla”.
Por ello, EL HERALDO consultó a la Misión de Observación Electoral, MOE, y a la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, le dijo a este diario que lo primero que hay que aclarar es que la investigación en cuestión hace referencia a procesos contractuales que tienen que ver con las elecciones de 2022, 2023 y de la cédula digital, bajo una administración diferente a la que está actualmente en la Registraduría.
“Los procesos electorales son muy sensibles y si la ciudadanía siente o tiene la percepción de que las investigaciones tienen que ver con futuros procesos electorales de Presidencia, Congreso o locales de 2027, obviamente empiezas a llenar de desconfianza esos procesos”, indica.
Así mismo, cuestiona la experta electoral que “la Super abre una investigación a la Registraduría, que es un ente autónomo e independiente porque debe estar precisamente libre de cualquier tipo de presión que puedan ejercer o el Ejecutivo o el Legislativo, que son los elegidos popularmente, para la organización de los procesos electorales, y no hay antecedentes de investigaciones por parte de la SIC a contratos de la Registraduría”.
Pero, añade, tampoco es claro qué puede a o no hacer la Superintendencia en este tipo de investigaciones relacionadas con la libre competencia en materia de contratación entre públicos y privados, “que es lo mismo que nos pasó con el CNE, donde lo último que se terminó diciendo es que no hay certeza hasta dónde son los alcances del CNE pero tampoco hay claridad de cuándo empiezan o finalizan los periodos de campaña en el caso del presidente Gustavo Petro”.
Por lo que hizo Barrios tres llamados en este caso: la Super debe ser clara del alcance de su investigación, deber ser completamente cuidadosa “porque nos preocupa que la información sensible, como la identificación de los ciudadanos y el censo electoral, sea solicitada sin orden judicial”, y en tercer lugar debe ser cuidadosa en la forma como entrega la información para no generar incertidumbre sobre el proceso electoral.
Entre tanto, Hernando Herrera, presidente de la CEJ, sostuvo en este medio que Excelencia en la Justicia rechaza “ese intento de restarle autonomía e independencia a la Registraduría, y si se deja que este precedente prospere, entonces de aquí en adelante una subalterna del presidente como lo es la actual superintendente y todos los superintendentes, podrían el día de mañana incursionar, hacer pesquisas, en toda clase de órganos independientes que nuestra Constitución tiene bien definidos, como la Procuraduría, la Contraloría, como el Banco de la República o incluso como la misma justicia, que administra sus recursos de manera independiente por medio del Consejo Superior de la Judicatura”.
No cabe entonces la menor duda, puntualiza el jurista, de que “esto es un atentado en contra del equilibrio de poderes, de la división de los mismos que prevé la Constitución, y que adicionalmente pone en vilo innecesariamente el buen funcionamiento de nuestro Estado Social de Derecho”.
