El partido opositor Centro Democrático denunció penalmente al director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, por posible “hostigamiento a la libertad de prensa, agravado por el uso de recursos públicos”.
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Para el partido, lo pronunciado por el funcionario en un video filtrado, “constituyen una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo en Colombia. Adicionalmente, se señala que estas actuaciones podrían representar un uso indebido de recursos públicos, contraviniendo los fines constitucionales establecidos para la administración pública”.
Por eso insisten que “es nuestra convicción que los recursos públicos deben ser administrados exclusivamente para el beneficio común y de acuerdo con la Constitución y la ley”.
Llamaron a las autoridades competentes para que actúen con “celeridad e imparcialidad” en la investigación de estos hechos, para, aseguran, garantizar la protección de la libertad de prensa y el derecho al pensamiento crítico.
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De acuerdo a lo que se escucha en el clip revelado por Semana, Bolívar supuestamente dice que “el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes” gracias a la labor de los influenciadores. Además, indica que las campañas realizadas contra medios de comunicación reconocidos “han dado resultados”.
Frente a esto, el funcionario salió en su defensa negando que hubiese hecho esas declaraciones y, por el contrario, dijo que todo se trataba de un montaje por lo que insinuó que posiblemente estaba siendo espiado.
“Aclaro que no existe ninguna instrucción de nuestro Gobierno, y mucho menos del señor presidente Gustavo Petro, de promover campaña alguna contra algún medio de comunicación”, expresó.
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Y siguió: “Desde el primer momento en que se publicó el video, identifiqué, como muchos usuarios de la red social X, que el video fue editado por manos inescrupulosas para tergiversar y agregar palabras que nunca pronuncié, principalmente en lo relacionado con una campaña de desprestigio contra medios de comunicación”.
Volvió a negar que desde el Gobierno se gestara una campaña de desprestigio contra algún medio. Pero aclaró que en esa reunión privada sí dio su opinión sobre “la forma cómo comunican algunos medios como si fuera una campaña contra el presidente”.
Esta situación lo llevó a anunciar que interpondrá las acciones judiciales a las que haya lugar “para que se establezca cómo una conversación absolutamente privada es publicada, máxime cuando los participantes han manifestado su voluntad de ratificar que no fue enviada a ningún medio”.
