Luego de lograr un acuerdo con la Fiscalía, Emilio Tapia, uno de los principales implicados en el entramado de corrupción de Centros Poblados, asumió su responsabilidad en el escándalo aceptando tres delitos que le fueron imputados.
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Además, deberá purgar una pena de seis años de cárcel y devolver $5.000 millones de pesos, de los cuales ya ha anticipado $2.500, el restante los retornará mediante bienes ubicados en distintas zonas del país.
“Sí, señor juez, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, en el entendido que los delitos se cometen por acción y omisión”, sostuvo el empresario durante la audiencia.
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Los tres delitos que le fueron imputados por un juez de la República son peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Ahora el procesado deberá convertirse en testigo del caso y el preacuerdo logrado con el ente investigador deberá ser avalado por un juez de conocimiento el próximo 18 de diciembre próximo.
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Centros Poblados es el nombre del entramado de corrupción que estalló una vez se descubrió que Tapia, cabeza del escándalo, desvió los dineros destinados a un contrato que debía llevar internet a zonas de la periferia colombiana.
Esto se logró gracias a la utilización de documentación falsa y terminó salpicando a varios funcionarios del gobierno de Iván Duque.
El contrato, adjudicado por el Ministerio de las TIC, superaba el billón de pesos, sin embargo, este se suspendió una vez se supo que las empresas contratadas no contaban con las capacidades para ejecutar las obras.
