En el marco del XXI Congreso Nacional de Género de la Rama Judicial, la Procuradora Margarita Cabello se pronunció frente a las demoras en los desembolsos de los recursos al ICETEX que permitan el pago de los créditos estudiantiles a las universidades.
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Desde Barranquilla, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco también pidió prontitud y eficiencia en la administración de la justicia en los casos de violencia contra las mujeres y presentó avances de su gestión, como la Estrategia Promujeres, que incluye la creación de la Coordinación Misional y de Apoyo para el Enfoque Diferencial y de Género, así como la Coordinación Nacional de Intervención Penal para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
“Seguimos como Procuraduría General de la Nación en nuestro compromiso de proteger los derechos de cerca de 200 mil estudiantes que se encuentran en incertidumbre por los giros pendientes”, aseveró.
Cabello expresó que, desde la Procuraduría General de la Nación, el compromiso es proteger los derechos de los estudiantes para efectos de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la educación superior.
“Como acciones adelantadas hicimos requerimientos formales inicialmente nosotros solicitamos información detallada al ministerio de hacienda y al ministerio de educación para efectos de que nos expliquen el estado del pago de los recursos del envío del PAC a 2024 y 2025 y sobre la situación de los créditos educativos y los giros pendientes. En esas visitas de inspección que estamos realizando hoy mismo la hacemos con efecto de poder recoger información clave y específica relacionada sobre la ejecución y el cumplimiento en el envío de los giros de esos recursos " manifestó.
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Además, sobre los abusos sexuales y la violencia de género la procuradora expresó que, a pesar de los avances que se han logrado hoy las víctimas también claman por atención pronta y efectiva. “Ese es el reclamo hoy (...) la demora en sus casos, como lo vemos, no es solamente un problema administrativo sino un reflejo de un sistema que, en muchas oportunidades, priorizan otros temas que consideran de importancia en primer lugar y dejan para un segundo lugar los temas relacionados con la vida y la dignidad de las mujeres”.
“Nuestro deber es cambiar esa narrativa. Como rama judicial, como ente de control o como autoridad, tenemos que aplicar justicia o la ley y tenemos la responsabilidad de acelerar pero también de humanizar y garantizar procesos que no revictimicen ni perpetúen la sensación de abandono. Yo podría decirles que cada caso que queda en espera es una oportunidad perdida para poder proteger a nuestras mujeres y, lo que es peor, para poder salvar vidas”, concluyó.
