Poco a poco se está armando el rompecabezas de las coimas que funcionarios del gobierno nacional habrían pagado a congresistas para que sacaran adelante iniciativas en las que el Ejecutivo tenía gran interés. Esta semana la Fiscalía aportó graves indicios que apuntan a dos funcionarios y exfuncionarios muy cercanos al presidente Gustavo Petro, quienes habrían tenido participación directa en el pago de los dineros a los congresistas.
Se trata de Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ambos ya habían sido mencionados tanto por Olmedo López, como por Sneyder Pinilla, director y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riegos de Desastres (Ungrd), cuando ocurrieron los actos de corrupción.
Al imputar cargos a la ex alta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, la Fiscalía no solo respaldó plenamente las versiones de López y Pinilla, sino que aportó detalles reveladores sobre la participación que habrían tenido González y Bonilla en los hechos. Ambos fueron designados directamente por Petro y han sido considerados como hombres de su absoluta confianza.
Según la Fiscalía, una de las personas que tuvo un papel fundamental en la elaboración del entramado de corrupción para saquear la Ungrd fue el entonces director del Dapre, quien –en septiembre del año pasado– habría ordenado a López entregarles al presidente del Senado –Iván Name– y al presidente de la Cámara –Andrés Calle– contratos por más de $70.000 millones, con el propósito, al parecer, de que ambos favorecieran el trámite de reformas que interesaban al Gobierno nacional.
No obstante, debido a la urgente necesidad de recursos por parte de Name y Calle, según la Fiscalía, las partes habrían acordado el pago en efectivo de $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.
La situación del ministro de Hacienda no es menos complicada que la del ex director del Dapre. El pasado viernes Noticias Caracol dio a conocer el testimonio de María A. Benavides –mano derecha de Bonilla y enlace con el Congreso– quien sostuvo que el ministro la utilizó para lograr que los congresistas dieran el visto bueno a las iniciativas del gobierno.
Según Benavides, Bonilla sabía todo lo que sucedía en la Ungrd, en especial lo relacionado con el direccionamiento de tres contratos por valor de $92.000 millones. “Todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo se necesitaba que él supiera”, sostuvo Benavides ante la Fiscalía.
¿Cuál fue el verdadero papel de Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González en el asqueante entramado de corrupción de la Ungrd? ¿Sabía el presidente Petro –su jefe inmediato– de su comportamiento abiertamente corrupto?
Fiscalía confirma la existencia del “grave entramado de corrupción”
Con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a la ex consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, y con el testimonio de María Alejandra Benavides ante dicha entidad, ya son cuatro los nombres de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que aparecen mencionados en el escándalo de la Ungrd. Es decir, ya no se trata del comportamiento aislado de unos “bandidos”, como se refiere Petro a López y Pinilla. Ya se trata –como sostiene la Fiscalía– de un grave “entramado de corrupción”.
Ahora serán Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y la propia Sandra Ortiz, quienes deberán responder ante las autoridades por los graves señalamientos e imputaciones de las que son objeto.
De acuerdo con la Fiscalía, no se trata únicamente de los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, “los bandidos”, según Petro, sino de un sólido acervo probatorio, que también compromete a los ex presidentes del Senado y de la Cámara Iván Name y Andrés Calle, así como a los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, entre otros integrantes de la llamada Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, encargada de la aprobación del cupo de endeudamiento del Estado.
Ante graves señalamientos, el ministro Bonilla debe salir del gabinete
La permanencia del ministro Ricardo Bonilla en el gabinete de Gustavo Petro es cada día más insostenible. Los señalamientos en su contra son muy graves y cada uno de ellos hace más difícil el deseo de Petro de sostenerlo en el cargo. El primero en señalarlo fue Olmedo López, quien afirmó que la “Ungrd estaba al servicio del ministro Bonilla”.
A esas graves aseveraciones se suman las afirmaciones de su ex mano derecha –María Alejandra Benavides– en el sentido de que Bonilla estaba al tanto de lo que hacían López y Pinilla, para lograr el respaldo de los congresistas a las iniciativas del gobierno.
Estos señalamientos llevan directamente a Bonilla a las páginas del Código Penal. Un ministro no puede prestarse para gestionar, ofrecer o entregar contratos a congresistas a cambio de su respaldo a iniciativas del Ejecutivo. Es una conducta punible. Punto. Por más que se trate de “prácticas recurrentes”, como dicen los amigos del gobierno, eso no significa que no sea un hecho delictivo sancionado con drasticidad por el Código Penal.
Las autoridades determinarán cuáles de los ofrecimientos se habrían materializado y cuáles no. Pero desde el punto de vista político tampoco tiene sentido la permanencia de Bonilla en el gabinete: ¿con qué cara el ministro de Hacienda –señalado de actos de corrupción– pedirá respaldo a una “ley de financiamiento” o una reforma tributaria, que golpearía aún más los bolsillos de los colombianos? ¿Más plata para que se la roben, como ocurrió con los recursos de la Ungrd?
¿Aprobación de créditos internacionales a cambio de cupos y contratos?
Pero el ministro Bonilla, al parecer, no solo mandaba en la Ungrd, sino también en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que entre el 6 y el 15 de diciembre del año pasado aprobó créditos internacionales por 700.000.000 de dólares y 150.000.000 de euros.
Dichos recursos eran requeridos con urgencia por el Gobierno nacional para cumplir compromisos con organismos internacionales. En esta comisión son mencionados con insistencia los nombres de los congresistas Wadith Manzur y Julián Peinado, quienes han sido llamados a comparecer por la Corte Suprema de Justicia para que den explicaciones satisfactorias.
Aunque los congresistas están para gestionar obras para sus regiones ante el Gobierno nacional, lo cierto es que serán las autoridades las que determinen si hubo o no contraprestación a cambio de la aprobación de las iniciativas de interés del Ejecutivo.
¿La aprobación de los créditos internacionales, por ejemplo, estuvo sujeta a entrega de contratos –o partidas– para congresistas de la Comisión de Crédito Público? ¿Cuál fue la gestión y qué participación tuvo el ministro Bonilla? ¿Quiénes fueron los congresistas que se habrían beneficiado? Tanto el ministro Bonilla, como los congresistas investigados, tienen mucho que explicar y muchas preguntas que responder sobre este particular.
El Partido Verde debe asumir su responsabilidad política en el escándalo
El Partido Verde no puede pretender pasar de agache con todo lo que sucede con el escándalo de la Ungrd. El partido que tomó como bandera la lucha contra la corrupción, en cabeza de la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López, no puede mirar para otro lado cuando tres de sus dirigentes más connotados están siendo objeto de gravísimos señalamientos.
Carlos Ramón González es no solo uno de los fundadores del Partido Verde, sino uno de los grandes financiadores de sus copartidarios. Su “chequera” sirvió para financiar varias campañas electorales y es probable que por ello nadie dentro de los verdes se atreva a señalarlo. Además, es uno de los grandes amigos de Petro, desde los “tiempos del monte”, cuando ambos militaron en el M-19.
Precisamente, por esa cercanía pasada y presente es que tiene absoluta validez la pregunta: ¿sabía el presidente Petro en qué andaba González en compañía de Olmedo López y Sneyder Pinilla? El senador Iván Name es otro peso pesado de los verdes.
Llegó a la Presidencia del Senado a nombre de ese partido. ¿No debe responder políticamente su partido por su actuación? Lo mismo sucede con Sandra Ortiz, en su momento una poderosa funcionaria de la Casa de Nariño, apadrinada por dirigentes verdes de Boyacá. ¿Qué tienen que decir los dirigentes del partido “anticorrupción” de los hechos de corrupción que involucran a tres de sus cabezas más destacadas?
