La representante Karen Astrith Manrique Olarte, quien ocupa una de las curules de paz por el departamento de Arauca, compareció este lunes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante la diligencia, la congresista optó por no emitir declaraciones, amparándose en su derecho constitucional a guardar silencio.
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El abogado de Manrique, Andrés Garzón, explicó que la decisión de su defendida de no responder a los cuestionamientos se fundamentó en la negativa de la Sala de Instrucción a aplazar la diligencia. Según Garzón, se pidió la suspensión del proceso para tener mayor claridad sobre las acusaciones en su contra, pero la solicitud fue rechazada.
“Se hizo uso del derecho a guardar silencio por parte de la Representante hasta tanto no conozca verdaderamente cuáles son las imputaciones que se le hacen; sin embargo, debo decir dos cosas fundamentales: aquí no hubo ningún contrato, no se desembolsó un solo peso; y segundo, para esta situación la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley”, indicó el abogado.
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Garzón también solicitó que dentro del proceso sean citados a declarar el exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, así como otros funcionarios que podrían aportar detalles clave al caso. Entre ellos, mencionó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, además de otros altos funcionarios vinculados a las operaciones de crédito público mencionadas en el expediente.
El caso
Este proceso inició formalmente el 24 de mayo del año en curso tras la petición del representante Wadith Alberto Manzur Imbett para investigar los señalamientos realizados por Olmedo López. Según estos, Manrique habría participado en la presunta distribución irregular de recursos de la UNGRD, que ascienden a 92 mil millones de pesos.
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De acuerdo con las acusaciones, la congresista habría indicado, en notas escritas, los municipios que serían favorecidos con los presuntos contratos. Entre las localidades mencionadas en el expediente se encuentran Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca; y el Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.
Investigación y posibles implicados
El expediente detalla reuniones en el Ministerio de Hacienda en las que habría participado Manrique. Uno de los encuentros destacados ocurrió el 4 de diciembre de 2023, donde se reporta la interacción de la congresista con una asesora legislativa. Según la versión de López, la representante habría actuado como delegada de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para gestionar los contratos bajo cuestionamiento.
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El caso no solo involucra a Manrique, sino también a otros parlamentarios y excongresistas, entre ellos Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez, y Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos son investigados por el presunto delito de cohecho impropio relacionado con la emisión de conceptos favorables sobre operaciones de crédito público a cambio de beneficios personales.
