Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP adicionar la “toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad con finalidad de explotación”, como parte de los delitos en la investigación del macrocaso 01, a miembros del antiguo Bloque Noroccidental de las Farc.
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Según el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, “los miembros de ese bloque ejecutaron dichos secuestros con la finalidad puntual de extraer la fuerza de trabajo de las víctimas para satisfacer necesidades del grupo armado”.
Además, la PGN también se pronunció frente a la violencia sexual y de género; a la especial victimización de menores de edad; a la instrumentalización de niños y adolescentes como medio de presión económica y a las imprecisiones jurídicas en las que se ha incurrido.
“Estos hechos se llevaron a cabo como una práctica de apropiación de cuerpos y poblaciones que ayudó a reafirmar el dominio violento de los grupos armados”, se lee en el comunicado.
Se agrega: “Con respecto a la especial victimización de menores de edad en patrones de macrocriminalidad, destacó la ya evidenciada vulneración sistemática de sus derechos fundamentales por parte del Bloque Noroccidental de las Farc”.
El ente de control señaló que la JEP agrupó los casos de menores de edad víctimas de secuestros con fines extorsivos, con otros como el secuestro de adultos mayores “restándoles la debida relevancia”.
La entidad revela que en el documento se nota que al menos seis víctimas acreditadas fueron secuestradas siendo menores de edad y ocho más relataron haber sido plagiadas junto a sus hijos pequeños. Lo que para la PGN “denota una política deliberada por el comando del BNOCC, lo cual constituye crímenes de guerra según la Corte Penal Internacional”.
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Acosta insistió en que dentro de la investigación de la JEP se continúa incurriendo en “imprecisiones juíridicas” porque se agrupa secuestros de civiles políticos por un lado y, por otro, los secuestros de miembros de Fuerzas Militares, incluidos los miembros de la Policía Nacional.
“Mientras no se establezca que los policías estaban participando directamente en las hostilidades, estos tenían la calidad de civiles protegidos por el DIH, y con su secuestro se vulneró el principio de distinción”, señala la Procuraduría.
