La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó su decisión de negar la libertad condicional al general en retiro Mauricio Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Los magistrados argumentaron que el exoficial no ha cumplido con las obligaciones de aportar verdad dentro del marco del Sistema Integral de Paz.
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Santoyo, condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), enfrenta cargos que, en la legislación colombiana, equivalen al delito de concierto para delinquir.
La JEP subrayó que el exgeneral no ha asumido plena responsabilidad por los hechos que motivaron su condena ni ha entregado información detallada sobre las circunstancias que rodearon su colaboración con el grupo armado ilegal.
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En el proceso de apelación, los magistrados destacaron que, si bien Santoyo aceptó los cargos formulados por la justicia estadounidense, lo hizo bajo el argumento de que se trataba de una estrategia defensiva y no como un reconocimiento de responsabilidad.
Asimismo, la JEP señaló que el exgeneral admitió haber recibido sobornos de integrantes de las AUC a cambio de proporcionarles información privilegiada para facilitar sus actividades y evadir a las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha, no ha entregado detalles concretos que permitan esclarecer los hechos.
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En consecuencia, además de mantener la negativa a concederle la libertad condicional, la Sección de Apelación ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluar si el incumplimiento del deber de aportar verdad por parte de Santoyo es compatible con los beneficios otorgados, como la reclusión en una unidad militar o policial.
De encontrarse incompatibilidades, la sala podría iniciar un incidente para revocar dichos beneficios o determinar su incumplimiento de las condiciones establecidas.
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Santoyo, quien desempeñó roles destacados en la Policía Nacional, incluyendo el cargo de subdirector antisecuestro y antiextorsión entre 1999 y 2001, y comandante del cuerpo élite antiterrorista en Medellín durante 2001, también fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.
Su vinculación con las AUC y las acusaciones de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa en diciembre de 2001 han generado cuestionamientos adicionales, aunque él niega cualquier responsabilidad en estos hechos.
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La defensa de Santoyo ha insistido en que su proceso ante la justicia norteamericana está relacionado con el conflicto armado colombiano y, por tanto, considera que la JEP debe asumir competencia sobre el caso.
Sin embargo, los magistrados enfatizaron que la obligación de contribuir con la verdad y esclarecer los hechos es un requisito fundamental para acceder a los beneficios del sistema.
