La Procuraduría General de la Nación reveló los impactantes resultados del Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en el país.
El ente de control informó que, en los últimos diez años, se ha reportado la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, afectando especialmente a Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, más del 50 % de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad.
Le recomendamos: Defensora del Pueblo rechaza posible llegada de Mendoza a embajada: “Sus actuaciones alimentan la violencia sexual”
Detalló que, la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos socioambientales en Colombia, provocando, además, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.
Así mismo, puntualizó en que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la minería de oro de aluvión afecta más de 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación por mercurio y la deforestación.
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, con el apoyo de la Organización Pure Earth y la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, se realizaron siete campañas de muestras, que evidenciaron niveles de mercurio, plomo y arsénico superiores a los límites permisibles en varios departamentos, cuyos resultados se incluyen en el Informe Nacional sobre Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia.
Para el Ministerio Público la situación es aún más grave considerando que Colombia es el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo que ha generado un daño irreversible en los ecosistemas y la salud de la población.
Le sugerimos leer: Procuraduría sancionó a cuatro funcionarios del Inpec por facilitar fuga de Aida Merlano
Finalmente la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios destacó que, a pesar de los avances alcanzados, queda mucho por hacer, entendiendo que la protección de recursos naturales y la preservación de un ambiente sano para las futuras generaciones requiere la colaboración de todos los sectores: gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y el sector privado.
Un informe de Jaime Arias, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia, expone que “la lógica que permite plantear el fracaso de la guerra estatal contra el narcotráfico también podría soportar que ha fracasado la guerra estatal contra la minería ilegal de oro en Colombia. Por lo que en este último caso merita también explorar otros caminos. Reconocer que destruir maquinarias usadas en la minería ilegal de oro ha sido una política poco efectiva, no es novedoso”.
Explica que desde el año 2000 las Fuerzas Armadas lo han intentado y que en el 2014 la Policía Nacional creó la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo.
“El actual gobierno pareciera proponer continuidad en este enfoque de la guerra contra la extracción ilícita de minerales. Sin embargo, legalizar o formalizar la minería ilegal de oro es un camino teórico que siempre ha hecho parte de las opciones para comunidades y territorios históricamente auríferos; para lograrlo, hay que entender la configuración de la cadena de valor de este fenómeno”, se lee.
Y concluye el académico que los acuerdos necesarios deben apuntar a recuperar el control estatal del subsuelo y de los recursos auríferos de sus aluviones, y no a entregas de minas que no existen porque no disponen de cuantificación de reservas probadas.
“Tiene que ser hacia un modelo minero de los territorios de aluviones auríferos con una minería bajo control estatal, racional en la sostenibilidad social, económica y ambiental, con cierres mineros sostenibles, con reconversión y transición hacia nuevas economías territoriales”, agrega.
Finalmente, observa Arias que las mismas posturas ambientales y las justas causas de la protección de los ecosistemas tienen la oportunidad de un camino concertado, gradual y técnicamente planificado, que considere que la minería, como parte del problema, es parte de la solución.
