La procuradora Margarita Cabello hizo 10 recomendaciones para consolidar la transición energética en Colombia de manera inclusiva, eficiente y compatible con el desarrollo social y económico de Colombia.
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El reporte “resulta de una exhaustiva evaluación y colaboración con diversos actores del sector energético y ambiental del país, con el fin de encontrar soluciones efectivas a los desafíos en cuanto a generación, transmisión y distribución de energía”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.
Se trata, indicó la jefa del ente de control disciplinario, de “un aporte más al desarrollo del valioso y estratégico sector energético nacional”, y precisó que el documento entrega además una serie de recomendaciones orientadas a afrontar los desafíos impuestos por la crisis climática actual desde la perspectiva energética, sin perder de vista el progreso social y económico que demanda un país en desarrollo como Colombia.
La primera recomendación es la de incrementar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y aprovechar estratégicamente los recursos no renovables, como el gas natural y las plantas térmicas, que juegan un papel crucial en la estabilidad de la oferta energética.
“Aprovechar el potencial nacional para aumentar la oferta de energía eléctrica, promoviendo un consumo responsable y eficiente, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y reducir la brecha energética en el país”, la segunda.
Agregó la procuradora que, además, hay que “aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía eléctrica, impulsando la modernización y expansión de las redes existentes, superando las barreras sociales y ambientales que retrasan proyectos clave de infraestructura energética”.
De igual modo, reforzar las acciones para garantizar la seguridad y autosuficiencia energética, sin comprometer la confiabilidad del sistema energético nacional, con un enfoque particular en el gas natural como apoyo a la transición.
“Planificar actividades económicas para reemplazar los ingresos derivados de los combustibles fósiles, promoviendo la creación de nuevas industrias exportadoras y asegurando la estabilidad de las finanzas nacionales y el empleo en las comunidades afectadas por la transición”, propuso la jefa del Ministerio Público como quinta medida.
También evaluar la relación costo-beneficio de las estrategias de reducción de Gases de Efecto Invernadero, asegurando que cada medida aplicada sea efectiva y tenga un impacto real sobre las emisiones, a la vez que favorezca el desarrollo social y económico.
Añadió Cabello Blanco que se deben “promover proyectos de energía renovable para comunidades con acceso limitado a la energía eléctrica, utilizando fuentes no convencionales como prioridad, para garantizar la inclusión energética en todas las regiones del país”.
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De la misma manera, fomentar la exploración y explotación de minerales estratégicos para la transición energética, incentivando la inversión en la exploración de minerales esenciales para el desarrollo de tecnologías limpias y el fortalecimiento de la industria nacional.
“Reforzar los mecanismos de coordinación institucional y seguimiento de proyectos energéticos, mejorando la eficiencia en la tramitación de permisos y reduciendo los retrasos que afectan la ejecución de proyectos clave”, explicó.
Y concluyó la procuradora que es menester replantear la estructura del sector energético y fortalecer las entidades responsables, creando nuevas agencias que promuevan el desarrollo de proyectos estratégicos de energía, mientras que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) se enfoque en la planeación a mediano y largo plazo.
