La Contraloría General de la República informó este viernes que ha enviado una comunicación alertando a los alcaldes y gobernadores del país sobre la necesidad de garantizar “de manera prioritaria” el inicio “oportuno” de los programas de alimentación escolar en sus territorios para la vigencia 2025.
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La comunicación fue enviada a las 97 Entidades Territoriales Certificadas en educación a nivel nacional, pidiendo a los mandatarios locales que “efectúen todos los trámites jurídicos, presupuestales, financieros, precontractuales y contractuales necesarios” que permitan el comienzo del PAE de manera oportuna.
El ente de control explicó que dicha alerta es resultado de auditorías realizadas en 2024 de cumplimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 67 entidades territoriales certificadas en educación (32 departamentos y 35 municipios) estableciendo 42 hallazgos fiscales en cuantía cercana a los $8.000 millones.
Además, en lo corrido de los últimos cuatro años (2020-2024) la Contraloría ha detectado hallazgos fiscales por cerca de $52.000 millones en todo el territorio nacional.
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“Los hallazgos de 2024 corresponden principalmente a irregularidades por presuntos sobrecostos en la prestación del programa (44 %) y a falencias derivadas de inadecuadas supervisiones al PAE (36 %).
Los hallazgos de mayor valor se encuentran concentrados en las regiones Pacífico ($3.503.088.640), Llanos ($1.333.906.282) y Eje Cafetero ($1.443.670.953)”, detalló el ente en un comunicado.
Indicó además que este año se vieron afectados cerca de 3,9 millones niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, en temas asociados al “inicio inoportuno del PAE conforme al calendario escolar, problemas en el suministro y la calidad de los alimentos, suspensiones temporales de la atención (mayor número de alertas), declaración de desierto en proceso de licitación y retrasos en la prestación del servicio, encontradas en 48 Entidades Territoriales Certificadas”.
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En esa línea, el ente instó a los gobiernos nacional y locales a adelantar “de manera oportuna” los procesos que garanticen la prestación ininterrumpida del programa de alimentación escolar en sus regiones.
“Velando porque el PAE se contrate y ejecute con costos reales, que la alimentación sea de calidad y llegue de manera oportuna conforme con los calendarios escolares, evitando así, la afectación a cerca de 5.900.000 estudiantes, actuales beneficiarios del programa”, concluyó.
