Compartir:

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, indicó este jueves que las madres cabeza de familia que han sido condenadas por diferentes delitos podrán sustituir la prisión por servicio social.

Así lo dio a conocer la alta funcionaria en entrevista con La FM, asegurando que la implementación de la Ley 2292 de 2023 beneficia a todas aquellas mujeres que estén sentenciadas a menos de ocho años de cárcel.

“La Ley 2292 significa medidas afirmativas para proteger a las mujeres cabeza de familia. Entendemos que el incremento del índice de mujeres que delinquen para sostener a sus hijos refleja un cambio en sus roles: hoy son las principales proveedoras de sus hogares”, dijo la ministra al medio antes mencionado.

Asimismo, Buitrago señaló sobre esta normativa, conocida como la ‘Ley de utilidad pública’, que aplicará únicamente para delitos menores como hurto simple, o casos relacionados al tráfico de estupefacientes.

Leer más: Sicarios en moto persiguieron a dos hombres hasta matarlos en Evaristo Sourdís

Enfatizó que se otorgará dicho beneficio siempre y cuando se compruebe que el delito está asociado a condiciones de marginalidad, las cuales afectan la manutención del hogar.

“Hoy contamos con 105 medidas sustitutivas que permiten que las mujeres estén en sus hogares, cuiden de sus hijos y presten un servicio de utilidad pública en determinados lugares. Es una oportunidad para mostrarles que existen otros caminos y vías para salir adelante”, agregó la alta funcionaria.

Ver también: Real Cartagena anuncia la continuidad de Sebastián Viera y la contratación de Fredy Montero

La ministra Buitrago aclaró que: “Si la persona fue sancionada en los cinco años anteriores, no habrá lugar a la sustitución. La norma es taxativa: aplica únicamente para madres cabeza de familia bajo condiciones específicas, y se evalúa caso por caso”, dijo enfatizando en que la nueva ley no busca “promover el delito”.

De igual manera, la ministra de Justicia aseguró que esta ley también busca la “resocialización” y atender el contexto de violencia y pobreza por el que atraviesan muchas mujeres en Colombia.

Finalmente, Buitrago destacó que tanto la Fiscalía General como la Defensoría del Pueblo han apoyado la ley a través de resoluciones y directrices, que promueven la correcta aplicación de la misma.