Luego de que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, Diana Ojeda, solicitaran información sobre el cálculo de la UPC para 2025, el MinSalud se pronunció.
Este domingo, el Ministerio de Salud recusó a ambas procuradoras, asegurando que deben “abstenerse de participar, en cualquier calidad, en todo tipo de actuación judicial, administrativa o de cualquier otra índole, que pueda afectar la imparcialidad”.
Esto refiriéndose a las actuaciones administrativas en las que participe el Ministerio de Salud y Protección Social, y sean ejecutadas por las funcionarias públicas.
Asimismo, el comunicado especifica que con el objetivo de garantizar las decisiones y actuaciones del Ministerio dentro del marco legal correspondiente se hace necesario la designación ad hoc de un viceprocurador general de la Nación, y de un procurador delegado para Asuntos del Trabajo y Seguridad.
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De igual manera, el MinSalud solicitó al Ministerio Público transparencia, imparcialidad y objetividad en todas las actuaciones que se desarrollen en cuanto a la función administrativa.
Cabe recordar que días atrás la PGN solicitó a esta cartera del Gobierno información detallada sobre las reuniones realizadas, los análisis y la metodología que conllevaron a incrementar la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para el año entrante.
También es de destacar que la UPC es la encargada de definir los recursos que el Estado transfiere a las EPS para que atiendan a los usuarios tanto del régimen subsidiario como contributivo.
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Ojeda hizo la solicitud el pasado 18 de diciembre, y el Ministerio tiene máximo hasta el 31 de este mes para definir el ajuste de la UPC. De no hacerse, el incremento se regirá por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que está proyectado en 5.1 % para el cierre de este año.
