¿Cuáles serán las consecuencias del polémico aumento de la UPC de las EPS para el 2025?

En medio de la discusión en el país entre el Gobierno y distintos sectores de la salud, económicos y políticos de si la plata que les da el Estado a las EPS alcanza o no, quedan los trabajadores del sistema de salud y sobre todo los ciudadanos. Por ello, el Ejecutivo ha dicho que es necesario que las empresas de salud entreguen las cifras correctas y administren bien los recursos y sin corrupción, pero del otro lado los gremios de la salud le han advertido a la Casa de Nariño que las cuentas alegres a la baja y el déficit del sistema puede cobrar como víctima, finalmente, la vida de los colombianos.

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En la víspera del año nuevo, el Ministerio de Salud informó que, para la vigencia 2025, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento del 5,36 % “considerando la inflación causada a noviembre de 2024 y la actualización en servicios y tecnologías en salud”, y que esta decisión responde a “la necesidad de proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ante la imposibilidad de efectuar un cálculo, debido a la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”.

La UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.

Asevera el Ejecutivo en el comunicado que en los reportes de las empresas de salud hubo incrementos abruptos en los patrones de severidad y frecuencia de los servicios de salud, certificación de gasto sin cierre de estados financieros, incremento de las frecuencias de uso que no se correlaciona con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, amplia dispersión de valores pagados por los mismos servicios, aumento de las reservas técnicas no concordante con el comportamiento histórico, manejo discrecional de las reservas, elevados gastos médicos y pagos de medicamentos por encima del precio regulado.

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Poco después, en un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que el “incremento de la UPC representa un ascenso real respecto al pasado”, y agregó que “si la inflación esperada es 3 % (para 2025), el incremento de la UPC para salud tiene 2,4 % de incremento real sobre la inflación y ya puede subsumir el costo laboral que se incrementa en el salario mínimo del 9,4 %”.

No obstante, la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, a través de un boletín de prensa, le pidió al presidente Petro convocar “de manera urgente” una mesa técnica con todos los actores del sistema para “poder presentar los argumentos que se tienen por los cuales consideramos que decisiones como la del incremento de la UPC para el año 2025 es insuficiente y pone en riesgo la salud y la vida de los colombianos”.

Agregó la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud que se le hicieron “múltiples” advertencias al Gobierno nacional para que la determinación de la UPC del año 2025 tuviera “un fundamento técnico y no político”, pero consideran que la decisión tomada “fue todo lo contrario”.

Igualmente le hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que “actúe en la protección del derecho a la salud y a la vida, que se continúa vulnerando, entre otros aspectos, por decisiones como la del insuficiente incremento.

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También lo solicitaron a la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo “para que en el marco de sus competencias contribuyan en la búsqueda de soluciones a la grave crisis que viene enfrentando el sistema de salud”.

A su vez, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, consideró que el ajuste de la UPC “genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70 % de sus presupuestos operativos”.

Esta problemática, añade, se ve agravada por el flujo irregular de recursos desde las EPS hacia las Empresas Sociales del Estado (ESE), una constante que ha comprometido seriamente la estabilidad del sistema público de salud: “Esta falta de cumplimiento oportuno y completo en los pagos coloca en grave riesgo la continuidad de la prestación de servicios esenciales, afectando directamente a la población más vulnerable del país”.

Entre tanto, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, gremio de las EPS, dijo que es compleja la situación para el sistema “con una UPC que reconoce escasamente la inflación y que no guarda proporción con el aumento del salario mínimo en un sistema en donde de cada $10 entre $6 y $7 se dedican al pago del talento humano en salud”.

Tampoco, añade, reconoce este incremento el aumento de gasto que ha tenido el sistema durante los últimos años, “que nos muestra siniestralidades hasta del 108 %, es decir que de cada $100 que se reciben $108 se reconocen en salud, con un déficit en aseguramiento en 2024 de $6,6 billones y que para 2025 proyectamos en $9 billones”.

Herman Bayona, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, en diálogo con EL HERALDO, afirmó que para poder definir la UPC se requiere una información cierta y valedera de las EPS “y lo que entregaron es absolutamente inexacto para no decir mentiroso, dicen que se han aumentado una serie de enfermedades que no corresponden a los perfiles epidemiológicos del país, y aparecen por ejemplo personas que tienen doble atención por apendicectomía, doble atención por partos en menos de seis meses, con múltiples cirugías por cáncer, digamos dos gastrectomías: eso no es posible”.

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En este sentido dijo que la UPC les parece insuficiente “porque no la administran eficientemente, pero además montan los contratos para atenciones en sus clínicas con tarifas superelevadas y en otros los tienen con tarifas del 2002, porque 50 clínicas del país se llevan el 65 % de todo lo que se gastan todas las clínicas de Colombia que son casi 10 mil”.

Y llamó la atención acerca de que las EPS tienen una deuda inmensa con los hospitales, pero sobre sus propias clínicas no, “la pregunta es si la solución real al problema de los hospitales públicos no sería que les llegaran los dineros directamente y no a través de las EPS”, porque, asegura, hay médicos que tienen deudas en hospitales de seis meses y un año, “porque las EPS no pagan porque no les alcanza la UPC desde hace más de 15 años que ha venido aumentándose, porque el problema real es el saqueo constante al sistema de salud”.

Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, puso de presente en EL HERALDO que es preocupante el aumento de la UPC “sobre todo por la falta de comunicación del Gobierno y los prestadores, que han venido hablando de la insuficiencia de la UPC y este gobierno dice que no hace falta más y que las cifras de las EPS no son confiables y ponen lo que ellos quieren”.

Las consecuencias del incremento de la UPC serán, entonces, “lo que dijo el presidente, ‘chuchuchu’, todo se va cayendo, ¿cómo va a ser que una empresa tenga que trabajar a pérdidas sin poder prestar un buen servicio? Si a uno algo le cuesta $100 y le dan solo $80, pues eso no es posible. Entonces hay que revisar de dónde viene y hacia dónde va la plata en el sistema de salud del país”.

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Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, le dijo a EL HERALDO que, técnicamente, si se tiene un Índice de Precios al Consumidor, IPC, del 5,4 % y una UPC del 5,36 % “no hubo incremento a la UPC y estamos revisando qué cosas se incluyeron dentro del plan de beneficios, porque si se incluyeron cosas tendríamos una UPC decreciente”, por lo que advirtió que habrá dificultades para los pagos al personal de salud de base, los que ganan entre uno y dos salarios mínimos, y concluyó que “esta UPC carece de elementos técnicos, de participación y de veeduría y es más una UPC basada en la revancha de Petro porque no le aprobaron su ley de financiamiento”.

Las implicaciones, expuso, son nefastas en primera instancia para los pacientes, “que van a tener que decidir si compran medicamentos, pagan las citas o compran alimentos, y parece que el Gobierno lo que quiere es inducir a los ciudadanos a comprar pólizas de medicina prepagada ahí sí haciéndole el juego a la empresa privada”. Anuncia por ello que algunas EPS van a solicitar el retiro voluntario: “El 2025 va a ser catastrófico si el Gobierno no replantea y convoca a una mesa técnica para evaluar el impacto de esta UPC”.

Finalmente, adelantó que, en su criterio, muchos trabajadores del sector salud se van a quedar sin empleos.