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La Agencia Nacional de Tierras avanza en la implementación de la reforma agraria en el país, consolidando una “transformación histórica” en la relación del Estado con el campesinado.

De acuerdo con la entidad, en lo corrido de la vigencia 2024 se adquirieron un total de 186.116 hectáreas. En ese sentido, en los dos años y medios del actual Gobierno se alcanzaron 448.544 hectáreas de tierra destinadas a comunidades campesinas, negras e indígenas, “contribuyendo a reparar las brechas de desigualdad histórica”.

Además, se han formalizado 1.277.049 hectáreas de tierras y se han expedido 752 titulaciones, destinadas a escenarios deportivos, educación, infraestructura vial, protección ambiental, salud, saneamiento básico, seguridad nacional y servicio comunitario.

Por otro lado, 144 mil hectáreas llegaron al Fondo de Tierras a través de procesos agrarios. Cabe anotar que en el gobierno de Santos fueron cerca de 242 procesos que correspondían a 39.084 hectáreas, mientras que en el gobierno Duque fueron 1.681 procesos de 156.659 hectáreas y en el actual gobierno son 2.596 procesos agrarios decididos, que abarcan 570.897 hectáreas.

Así mismo, viene avanzando de manera ágil la constitución de 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina, alcanzando un total de 643.381 hectáreas claves para garantizar la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la economía rural.

En la vigencia 2024, la ANT tuvo una asignación presupuestal de 4.1 billones de pesos: “Es decir, entre el 2022 y año anterior, el crecimiento presupuestal fue del 1.256 %”.

En ese sentido, la entidad ha potenciado sus capacidades con el incremento de presencia territorial, pasando de 8 a 92 oficinas en todo el país. Además, de fortalecer al equipo técnico, pasando de 9 a 60 agrónomos, en un aumento de 566%, y de 1 a 20 profesionales para el equipo catastral, aumentando en 1.900%, logrando 218.531 hectáreas en levantamientos topográficos que corresponden a 1.200 predios.

Felipe Harman, director de la ANT, indicó que “hemos visitado cerca de 27 departamentos del país, reconociendo profundamente que en medio de la amalgama de retos administrativos, técnicos y políticos que tiene la reforma agraria, no hay mejor forma de reconfortar el corazón que encontrar que somos un país poderoso que puede ser inmensamente grande si se reviste de dignidad las comunidades rurales”.

La ANT proyecta nuevos desafíos para este 2025, incluyendo la ampliación de barridos prediales y el fortalecimiento de procesos agrarios, con miras a consolidar una distribución justa y sostenible de la tierra: “La reforma agraria no es solo un compromiso del Gobierno, es una realidad que se traduce en justicia social para miles de campesinos”.