Margarita Cabello Blanco, la primera mujer elegida como procuradora General de la Nación de la República, se despide de la dirección del Ministerio Público. La abogada barranquillera se va con importantes triunfos a sus espaldas, como el espaldarazo de las altas cortes para que la entidad pueda sancionar a funcionarios elegidos con voto popular; no obstante, su administración –sobre todo en los últimos años– estuvo marcado por los fuertes cruces con el presidente Gustavo Petro, el principal crítico de su labor.
Ya en frío, y lejos del caos de la confrontación, Cabello Blanco es contundente: el oficialismo se ha empeñado en destruir la PGN.
¿Cuál es el balance que hace de su gestión al frente de la Procuraduría?
Desde 2021, lideré una transformación en la Procuraduría, implementando buena gobernanza con enfoque de género, modernizando herramientas disciplinarias con la Ley 2094 y fortaleciendo la autonomía. Reforzamos la prevención con tecnología avanzada, protegiendo derechos y evitando irregularidades, consolidando a la Procuraduría como pilar en la defensa del Estado de Derecho.
¿Cómo ha sido la transición con Gregorio Eljach?
El proceso de empalme ha sido colaborativo, respetuoso y transparente, dirigido con diligencia por el señor viceprocurador desde la PGN y con un personal competente y profesional por parte de la nueva administración. Toda la información requerida se entregó con el objetivo de garantizar una transición amigable y lo menos traumática posible, desarrollándose en un ambiente de total disposición, respeto mutuo y organización.
Su relación con el Gobierno no fue la mejor, ¿a qué atribuye esta situación?
Es evidente que entre el Gobierno y la procuradora existen diferencias de perspectiva sobre el papel que desempeña la PGN en una democracia. Siempre he considerado que entes de control como este son indispensables para garantizar el respeto a la Constitución y las leyes, proteger los derechos de los ciudadanos, equilibrar los poderes del Estado, combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones. Sin estas entidades, el poder podría volverse arbitrario, poniendo en riesgo el sistema democrático. Estas diferencias se han reflejado en la actitud de las entidades gubernamentales frente a nuestros requerimientos y al ejercicio de nuestras funciones, lo que ha dificultado nuestro trabajo, especialmente ante la intención manifiesta de debilitar o eliminar la Procuraduría.
¿Por qué hubo tanta resistencia y crítica del presidente con su gestión?
Considero que, por la naturaleza de nuestra función, que incluye intervenir en las actuaciones administrativas y ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluidos los de elección popular, es inevitable generar incomodidad, especialmente cuando algunos de esos servidores son funcionarios o empleados del Gobierno. Estas facultades, por su propia esencia, suelen generar críticas y acusaciones de persecución o sesgos políticos. Una de las principales áreas de desacuerdo fue la investigación de servidores públicos elegidos popularmente.
Las altas cortes del país le dieron la razón a usted en el aspecto de que la PGN sí tiene facultad para sancionar a funcionarios electos con voto popular, ¿cómo lo tomó?
Al inicio de mi gestión, enfrenté el desafío de destrabar los procesos disciplinarios suspendidos por la decisión de la Corte Interamericana, que prohibía a la Procuraduría sancionar a servidores públicos elegidos popularmente. Esto me llevó a buscar soluciones que armonizaran el cumplimiento de esa orden, dando lugar a la Ley 2094 de 2021. A pesar de los numerosos ataques recibidos por mi posición, junto con mi equipo trabajamos incansablemente para brindar seguridad jurídica al país. Las decisiones de las altas cortes nos dieron la razón, permitiendo destrabar los procesos y garantizar la estabilidad del sistema disciplinario, con la convicción de haber cumplido con nuestro deber.
¿El Gobierno quería acabar la Procuraduría?
Hubo propuestas y acciones claras para debilitar a la Procuraduría, como intentos de recortar competencias, exclusión en discusiones de reforma a la justicia y restricciones presupuestales. Sin embargo, defendí con determinación su papel como garante de la democracia y el equilibrio institucional, convencida de que debilitarla o eliminarla sería un grave error para el país. La sucesión de providencias de la Corte Constitucional que respaldan la competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores elegidos popularmente refuerza esta postura. Estas decisiones legitiman una tradición jurídica de la mayoría de los países en el continente americano en los que existen autoridades judiciales y administrativas (no penales) facultadas para restringir derechos políticos. Esto demuestra que Colombia no es el único país con esa potestad jurídica.
¿Cuál es la realidad de los recortes del Gobierno a los presupuestos de los órganos de control?
Considero que un gobierno no debería retener ni recortar los recursos destinados a este tipo de instituciones, ya que afecta directamente su autonomía e independencia, debilitando así la democracia. Los entes de control, como la Procuraduría General de la Nación, requieren recursos adecuados y oportunos para supervisar al Estado, proteger los derechos ciudadanos y garantizar la transparencia. Desde el inicio de este gobierno, enfrentamos un recorte del 88 % en el presupuesto de inversión para 2025 y el no pago del PAC de inversión de diciembre de 2024, dificultando nuestra labor. Pese a ello, seguimos firmes en defender el Estado de Derecho, proteger los derechos ciudadanos y fortalecer la institucionalidad, enfatizando la importancia de la coordinación y el respeto mutuo para garantizar la democracia y la legitimidad en Colombia.
¿En qué quedó la investigación a Nicolás Petro?
Este proceso lo adelanta la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico. Se actúa con diligencia, pero con apego al debido proceso, y en este momento se encuentra en etapa de investigación y cierre. Aún no tiene decisión de fondo. Tendrán que evaluarse las pruebas practicadas para luego determinar si procede pliego de cargos o archivo.
¿Pudieron avanzar en las supuestas irregularidades en Urrá?
Por estos hechos, la Sala Disciplinaria de Instrucción actualmente adelanta indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de la Empresa de Servicios Públicos Urrá S.A. E.S.P. Tal actuación comprende presuntas irregularidades en la adjudicación y celebración de contratos por parte de la Hidroeléctrica de Urrá a empresas comercializadoras, al parecer sin criterio técnico de asignación y con bajos costos.
¿Cómo ve el rumbo del país?
Se observa un aumento de los escándalos de corrupción, deficiencias en la función pública, demoras en la ejecución y malos manejos que afectan la credibilidad de las instituciones y del Gobierno.
