Más de dos horas duró el consejo de seguridad que lideró el pasado viernes el presidente Gustavo Petro en Tibú, Norte de Santander, para evaluar la situación de violencia que se viene presentando en la subregión del Catatumbo.
Leer también: Procuraduría lidera acciones ante crisis humanitaria en el Catatumbo
Al terminar la reunión, en la que estuvieron parte del gabinete ministerial, las Fuerzas Militares y autoridades nacionales y locales, no se dieron declaraciones, pero se pudo conocer que son varias las opciones que baraja el jefe de Estado para afrontar la situación, que según la Defensoría hasta el momento deja 30 personas muertas.
Una de esas opciones sería la de declarar Estado de Conmoción Interior, lo que podría definirse este mismo domingo.
La Constitución señala al respecto que “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”.
Y trascendió que en caso de declararse Estado de Conmoción Interior, en este caso, solo sería limitado a la zona del Catatumbo.
Hay que recordar que el Ejército informó que dispuso de 300 uniformados para consolidar el control del territorio, unidades del grupo mecanizado nº5 están desplegados en la vía Tibú - Cúcuta para garantizar la movilidad de la población, las capacidades de artillería realizan acciones para reforzar el control territorial y se llevan a cabo operaciones aéreas como parte de la ayuda humanitaria en la región.
Por su parte, la Procuraduría manifestó este viernes, a través de un comunicado, su condena a “los actos de barbarie realizados por los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, en los que se ha visto afectada la población civil, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres y menores de edad, entre otros, producto de las confrontaciones y disputas territoriales asociadas al narcotráfico por parte de estas estructuras, violando los derechos humanos y cometiendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
El comandante de la Segunda División del Ejército, general Giovanni Rodríguez, anunció el despliegue de los 300 uniformados en el Catatumbo con el objetivo de “reforzar la capacidad ofensiva de las tropas y neutralizar los actos de violencia provocados por el ELN y las disidencias de las FARC”, que han agravado la situación de orden público en esa zona del país.
“Hemos hecho un despliegue operacional con aproximadamente 300 hombres, fortaleciendo las capacidades de las bases para neutralizar las confrontaciones entre el grupo armado organizado residual de la estructura 33 y el ELN, que están generando víctimas y afectando a la población en diferentes áreas del Catatumbo”, explicó el general Rodríguez.
Petro, desde la mañana del pasado viernes, anunció la suspensión de los diálogos con ELN, tras catalogar como “crímenes de guerra” el asesinato de civiles y algunos firmantes de paz por parte de este grupo armado en esta región.
Importante: Consejo de seguridad en Tibú tomará medidas para restablecer la seguridad en el Catatumbo
En coordinación con la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC), el Ejército también ha desarrollado operaciones de evacuación para trasladar a las personas heridas en medio de los enfrentamientos armados. Según el general, estas operaciones han permitido evacuar de manera rápida a civiles afectados en municipios como El Tarra y Tibú, ambos en Norte de Santander.
“Desde la vereda Tres Aguas, en El Tarra, las tropas lograron estabilizar a una mujer herida por arma de fuego antes de trasladarla a un hospital de Cúcuta. Además, un poblador y su hija fueron evacuados tras resultar heridos durante las confrontaciones en Tibú. También fueron trasladados dos firmantes del Acuerdo de Paz, víctimas de amenazas por parte de los grupos armados organizados”, indicó la fuente castrense.
Rodríguez indicó que estas operaciones se llevan a cabo bajo la dirección del Puesto de Mando Unificado instalado en la región, con el apoyo permanente de la aviación del Ejército y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial: “Estas acciones han sido autorizadas por el comandante general de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército. El compromiso es total y las capacidades están puestas para retornar la tranquilidad que debe tener el Catatumbo”.
En un comunicado oficial, el Ejército Nacional señaló que los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias de las FARC tienen lugar en la zona rural de los municipios de Teorama, Convención, Tibú y La Gabarra. Por ello, las tropas están desplegadas en el área cumpliendo su misión de garantizar la seguridad y preservar la vida de las comunidades.
“Estos hechos terroristas constituyen una flagrante violación a los derechos humanos e infringen el derecho internacional, atentando contra la vida e integridad de la población civil, incluyendo niños, niñas y adolescentes”, concluyó el Ejército Nacional.
Así mismo, el Ministerio de Defensa Nacional informó el pasado viernes que el ministro Iván Velásquez Gómez “se encuentra en recuperación debido a una fuerte virosis que, por recomendación médica, le exige guardar reposo”.
Sin embargo, agrega la cartera de seguridad, el funcionario “ha continuado ejerciendo sus responsabilidades desde su oficina, liderando importantes acciones para garantizar la seguridad y el bienestar de los colombianos. Durante este periodo, el ministro ha estado al frente de las operaciones de extracción de heridos y personas amenazadas, incluyendo el exitoso traslado de un grupo de 18 personas que se encontraban con el líder campesino José del Carmen Abril, en una compleja situación de riesgo. Estas acciones han sido posibles gracias a la coordinación constante con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
Y concluye el Ministerio que Velásquez ha mantenido una comunicación permanente con el primer mandatario, así como con los altos mandos militares y policiales, para garantizar la continuidad de las estrategias de seguridad y la atención de las necesidades prioritarias en todo el territorio nacional.
Los enfrentamientos entre la guerrilla y la disidencia en el Catatumbo, que ha dejado más de 30 muertos y más de 20 heridos en dos días, llevó el pasado viernes al Gobierno a poner en pausa su anhelo de paz.
Petro anunció la suspensión de los diálogos con el ELN, al que acusó de cometer “crímenes de guerra” en el Catatumbo y del que dijo que no tiene “ninguna voluntad de paz”.
La negociación está suspendida hasta que el ELN definitivamente decida “caminar hacia la paz” porque “este país no aguanta más estos vaivenes”, explicó la jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos, Vera Grabe.
De interés: Presidente Petro llega a Tibú para abordar crisis de orden público en Norte de Santander
Las partes habían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos, que el Gobierno de Petro retomó en noviembre de 2022 y está congelada desde mayo pasado por diversas desavenencias.
El Gobierno también lleva a cabo un proceso de paz con una facción del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que es a la que ELN está atacando.
La ofensiva emprendida en la mañana del pasado jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, por el ELN contra sus rivales de las disidencias de las FARC sorprendió a los habitantes de varios caseríos que tuvieron que correr a buscar refugio para protegerse de los tiroteos, todo documentado en videos subidos a las redes sociales.
En esas imágenes se ve como guerrilleros del ELN recorren las calles en busca de sus víctimas y se escuchan las ráfagas de fusil y de ametralladoras, enfrentamientos que dejan hasta el momento el saldo de más de 30 muertos, entre ellos cinco desmovilizados de las FARC que se habían acogido al acuerdo de paz de 2016.
La ola de violencia ha provocado además numerosos heridos y el desplazamiento de familias enteras para escapar de los enfrentamientos, mientras se busca a 22 personas, 10 de ellas mujeres, al parecer secuestradas en el caserío de El Aserrío, que hace parte del municipio de Teorama.
“De momento tenemos cifras de más de 30 muertos y más de 20 heridos. Tenemos también poblaciones confinadas que están esperando la posibilidad de un corredor humanitario para poder salir y desplazarse a Ocaña o a Cúcuta”, aseguró a la agencia de prensa EFE el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.
Por esa razón, Petro viajó a Tibú, uno de los municipios más afectados por la violencia en el Catatumbo, donde lideró un consejo de seguridad para buscar una solución a la crisis.
Carlos Velandia, quien fue guerrillero del ELN y cuando se desmovilizó se convirtió en gestor de paz, aseguró que esta violencia ha “llevado a la extenuación el proceso de paz y ha forzado al Gobierno a suspenderlo”.
Leer aquí: Delegación del Gobierno condiciona reanudación del diálogo con el Eln
“El ataque desatado por fuerzas guerrilleras elenas (del ELN) simultáneamente contra las bases sociales del Frente 33 (de las disidencias) (...) no es solo el ataque contra el adversario en la guerra, es el ataque a una fuerza guerrillera comprometida en un proceso de paz, lo cual controvierte la voluntad de paz expresada por la dirigencia del ELN”, expresó Velandia.
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que hace parte del equipo negociador del Gobierno, escribió en la red social X: “La lección que ha dejado la historia es inequívoca: cuando las revoluciones y las insurgencias armadas se manchan de sangre, y sacrifican la conciencia por la sumisión violenta, son derrotadas en el plano moral, en su legitimidad y en su justeza histórica”.
La zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es una región pobre y montañosa que limita con Venezuela y está formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
En ellos operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas que se disputan el control de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico.