La situación de orden público en Norte de Santander se sigue deteriorando, según el más reciente monitoreo realizado por la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, al menos 60 personas han perdido la vida de manera violenta en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, en la región del Catatumbo.
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De acuerdo con el informe de la Defensoría, entre las víctimas fatales se encuentran siete firmantes de paz y el líder social Carmelo Guerrero, de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). Este aumento de muertes se ha producido en medio de un contexto de fuertes enfrentamientos y ataques por parte de grupos armados ilegales, particularmente el Eln.
Siguen los desplazamientos forzados masivos
Según confirmó la entidad este sábado, la violencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad. La Defensoría reporta desplazamientos forzados en varios puntos del departamento, especialmente en áreas rurales de Teorama, Tibú, Ábrego y El Tarra.
En total, más de 3.000 personas han sido desplazadas hacia zonas urbanas como Cúcuta, Ocaña y Tibú, donde las autoridades locales están levantando censos para gestionar la ayuda humanitaria.
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En Cúcuta, cientos de familias han llegado buscando refugio, mientras que en Ocaña cerca de 850 familias han tenido que instalarse en el coliseo de la ciudad. En Tibú, más de 2.500 personas provenientes de áreas rurales han llegado al casco urbano, mientras que en Ábrego, 37 familias han sido desplazadas.
Además, la situación en algunas comunidades indígenas, como los Bari en El Tarra, ha sido crítica, obligando a su desplazamiento total hacia otras zonas más seguras.
Los secuestros también continúan en aumento
La situación de los secuestros también ha empeorado en las últimas semanas. Según el monitoreo de la Defensoría, al menos tres firmantes de paz han sido secuestrados en los municipios de Convención y Teorama.
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Además, el jueves pasado, 20 personas fueron secuestradas, 10 de ellas mujeres. De estas, 17 siguen en cautiverio. En otros casos, las víctimas fueron secuestradas con fines extorsivos, buscando obtener dinero de sus familias.
La crisis humanitaria se agudiza
El monitoreo también ha revelado que la violencia y los desplazamientos han afectado gravemente la vida cotidiana de los habitantes de estas regiones. Las actividades económicas se han suspendido, lo que ha provocado una escasez de alimentos, que afecta particularmente a las comunidades indígenas.
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Los más vulnerables, como niños, adultos mayores y mujeres gestantes, enfrentan una situación aún más crítica, ya que no solo están expuestos a la violencia, sino también a una creciente falta de recursos básicos.
Llamado a la acción
Teniendo en cuenta esta situación, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que tomen medidas inmediatas para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo.
Según el ente, se requiere garantizar la protección de las personas desplazadas, facilitar el acceso de la ayuda humanitaria y permitir la intervención de las autoridades en las zonas más afectadas.
“Hacemos un llamado a las entidades territoriales y al Gobierno nacional a garantizar la atención humanitaria integral de las personas victimizadas en este contexto. Asimismo, habilitar las condiciones necesarias para permitir el ingreso de las autoridades para la adecuada atención de la población”, precisó la Defensoría.
Además, instó a los grupos armados, especialmente al Eln, a cesar sus ataques contra la población civil y a permitir el ingreso de la asistencia humanitaria.
Por otro lado, la Defensoría dio a conocer que la comunidad internacional también está siendo monitoreada, ya que algunas personas han cruzado hacia Venezuela buscando refugio, lo que ha complicado aún más la situación.
