La violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, continúa escalando, dejando graves consecuencias para la población civil. Uno de los impactos más significativos, además de las decenas de muertos y los miles de desplazados, ha sido la interrupción de las clases para más de 40 mil niñas, niños y adolescentes, quienes han quedado sin acceso a la educación debido a las hostilidades de los grupos armados al margen de la ley que operan en la zona.
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De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), la situación es alarmante, puesto que cerca de 46 mil menores han sido privados de su derecho a la educación, y representa una seria violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Desde la semana pasada, se han registrado asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos y privaciones de libertad que afectan directamente a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. De hecho, según reportes recientes de las autoridades, entre las víctimas del conflicto se encuentran 23 comunidades indígenas de los pueblos Bari y Yukpa.
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El organismo internacional ha condenado estas acciones, señalando al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como uno de los principales actores responsables de esta escalada de violencia.
Las cifras que ha dejado el conflicto
Según fuentes oficiales, la región ha sido escenario del asesinato de al menos 80 personas, el desplazamiento de más de 18 mil habitantes y el confinamiento de más de mil.
También se reporta la muerte de dos defensores de derechos humanos, los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, quienes fueron asesinados en medio de esta crisis.
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Además, múltiples amenazas han obligado a liderazgos sociales a huir junto a sus familias hacia zonas como Ocaña y Cúcuta.
El llamado de la ONU a los grupos armados en el Catatumbo
La ONU ha instado a los grupos armados a respetar los derechos de la población civil y a cumplir con las normas establecidas en el DIH.
Asimismo, ha pedido al Gobierno Nacional que incremente sus esfuerzos para garantizar la protección de las comunidades afectadas y fortalecer la asistencia humanitaria para los desplazados y confinados.
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El organismo internacional destacó las medidas tomadas por el Estado colombiano en el marco de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la vida y la paz 2022-2026. Sin embargo, reiteró la necesidad de articular acciones más efectivas para prevenir y desmantelar las organizaciones armadas ilegales que perpetúan la violencia en el territorio.
Protección a los líderes sociales
La ONU también habló de la importancia de proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes desempeñan un papel de suma importancia en la defensa de las comunidades afectadas.
Adicionalmente, llamó a la pronta implementación de la Política Pública de Desmantelamiento de organizaciones criminales, con el fin de abordar las causas estructurales de la violencia en el Catatumbo y promover una transformación territorial que garantice condiciones de paz y estabilidad.
Desde el inicio de la crisis, la ONU Derechos Humanos ha trabajado en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales para fortalecer la respuesta institucional y ahora, la entidad afirmó que seguirá monitoreando la situación y brindando asistencia técnica para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.
