Aliadas, la alianza conformada por 40 asociaciones y gremios económicos, emitió este martes un comunicado en el que hace un “llamado urgente” al Gobierno y la fuerza pública para dar “una respuesta decidida e inmediata frente a la tragedia en el Catatumbo”, región en la que los enfrentamientos entre el Eln y una disidencia de las Farc, que comenzaron el 16 de enero, han dejado al menos 80 muertos, más de 20 heridos y 11 mil desplazados.
“Esta crisis humanitaria ha sumido al Catatumbo en un panorama de miedo, hambre y desolación. No podemos permanecer indiferentes; estas víctimas inocentes, nuestros compatriotas, necesitan de nuestra unión, nuestro apoyo decidido y nuestra empatía activa para superar este momento devastador. Queremos apoyarlos desde nuestra posición con acciones concretas que les devuelvan la esperanza y la dignidad”, se lee.
En ese sentido, Aliadas afirmó que el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas “deben asumir su deber constitucional de proteger a la población, incluida la defensa y protección de quienes están en la mesa de negociación por parte del gobierno, y garantizar el orden en el territorio”.
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Agrega que el papel de la fuerza pública debe ser el de garantizar la seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales que hoy desafían la estabilidad del país. “La inacción no es una opción cuando la vida de miles de colombianos está en juego”, sostiene el comunicado.
Asimismo, asevera que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha demostrado con sus acciones violentas que no tiene voluntad de paz.
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“El ELN y otros grupos armados han demostrado reiteradamente que su objetivo no es la construcción de paz, sino la expansión de su poder a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Estos grupos no pueden ser tratados como actores políticos, sino como lo que son: organizaciones criminales que deben enfrentar todo el peso de la ley”, añade.
Por esto, Aliadas hizo un llamado a las autoridades “para que emprendan acciones contundentes y efectivas contra quienes amenazan la seguridad y estabilidad de Colombia. La paz no se construye permitiendo que la ilegalidad avance impunemente, sino garantizando el imperio de la ley y la protección de los ciudadanos”.
