Un Boeing 747 aterrizó en Colombia la noche del 27 de enero, trayendo consigo a más de 200 ciudadanos deportados desde Estados Unidos. El vuelo despegó de Los Ángeles, California, en medio de una creciente controversia sobre las condiciones de las deportaciones y la caracterización de los deportados por parte del presidente estadounidense Donald Trump.
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Trump defendió su decisión de deportar a estos colombianos, a quienes calificó de “criminales” y aseguró que pertenecían al Tren de Aragua. “Son más violentos que nuestros propios criminales”, afirmó el mandatario, justificando así su política migratoria. Sin embargo, este martes Martha Hernández Arango, Directora de Migración Colombia, contradijo esta afirmación, asegurando que ninguno de los deportados tenía antecedentes penales ni órdenes de captura en Colombia o Estados Unidos.
Además, Hernández Arango aseguró que los 201 connacionales deportados no llegaron esposados. Colombianos hablaron con medios de comunicación y señalaron que aunque los tenían en “condiciones aceptables”, estuvieron esposados y amarrados de “pies, manos y cintura”.
Por su parte, el saliente ministro Luis Gilberto Murillo también se refirió a la llegada de los colombianos deportados recalcando que no tienen ningún pendiente con la justicia ni en Colombia. “Cumpliendo los compromisos adquiridos por el gobierno nacional ya se encuentran en Colombia 201 connacionales deportados desde Estados Unidos. Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales” aseguró.
La tensión entre ambos gobiernos se intensificó cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, se opuso a las condiciones de deportación impuestas por Estados Unidos. En respuesta a las críticas de Petro sobre el trato a los migrantes, Trump ironizó: “Tendrías que decir que estos son asesinos, narcotraficantes, pandilleros”. Este intercambio de declaraciones se sumó a la crisis diplomática, que incluyó un arancel del 25% a productos colombianos y la revocación de visados a funcionarios del gobierno colombiano.
Entre los deportados, se encontraban 26 menores de edad, un hecho que despertó la preocupación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En medio de esta situación, el gobierno colombiano trabaja en la creación de un protocolo que regule las deportaciones desde cualquier país, buscando garantizar un retorno digno y humanitario para los migrantes.
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En redes sociales, Petro destacó que los deportados llegaron a Colombia “libres, dignos, sin estar esposados” y anunció un plan de crédito para apoyar a los migrantes en su reintegración. “El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre”, enfatizó, subrayando la necesidad de ofrecer alternativas económicas a los colombianos que regresan al país.
A pesar de la resolución temporal del conflicto, que se logró gracias a las gestiones del canciller Luis Gilberto Murillo, las tensiones subyacentes entre Colombia y Estados Unidos continúan.
