Con el fin de buscar salidas a la crisis humanitaria por la que atraviesan los habitantes de la subregión del Catatumbo, el Gobierno nacional declaró el estado de conmoción interior, amparado por la Constitución, y hasta la fecha ya ha expedido nueve decretos para atender la emergencia desatada por combates entre disidentes de las Farc y el ELN.
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Uno de esos es el Decreto 0121 de 2025 el cual establece medidas urgentes para garantizar el acceso a servicios básicos como el agua, saneamiento básico, pero también a vivienda en los municipios cobijados por la declaratoria de conmoción, estos son las poblaciones del área metropolitana de Cúcuta y Río de Oro y González, en el Cesar.
El documento también contempla la autorización para que alcaldías otorguen subsidios del 90 % en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a personas ya sea que estén confinadas o desplazadas.
Medidas para el agro
El 106, por su parte, pretende garantizar medios de vida y producción de alimentos con financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario comprendiendo los municipios en cuestión.
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Este tiene como objetivo “facilitar el retorno, la estabilización y la generación de ingresos de las y los campesinos, pequeños y medianos productores, y sus formas organizativas afectados por la situación de orden público”.
Asimismo, se les pide a las entidades que hagan parte del sistema nacional de crédito agropecuario adoptar programas de refinanciación de las obligaciones contraídas “en favor de las y los campesinos productores”.
Se facultó a la Agencia de Desarrollo Rural para contratar de manera directa la adquisición de bienes y servicios, logística y todo lo relacionado con sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, asociaciones campesinas y/o agropecuarias.
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“Esta contratación se autoriza para promover la sostenibilidad zonas agrícolas, delas cadenas de suministro, y la continuidad de cadenas productivas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas y agroindustriales”, se lee en el articulado 0107.
Autorización para expropiar
Con el Decreto 0108 de 2025 quedó firme la expropiación por vía administrativa de predios en regiones que han sido afectadas por la crisis de orden público que golpea a gran parte de Norte de Santander y parte del Cesar.
La medida tiene como objetivo “garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco de la grave perturbación del orden público declarada” por el Ejecutivo.
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Con la expropiación se puede reasignar “predios rurales para garantizar procesos de retorno y estabilización de población víctima de desplazamiento forzado, así como la consolidación de proyectos productivos en el sector agropecuario”.
Asimismo, el Decreto autoriza utilizar como albergues temporales, vivienda rural, infraestructura de abastecimiento y comercialización agropecuaria aquellos terrenos que sean propiedad de entidades públicas.
Se frenan algunas obras
En lo que respecta al Decreto 0116, este, entre otras cosas suspende el trámite de otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones que se encuentren en curso o para nuevos proyectos obras o actividades en algunos municipios, no en todos los que cobija la conmoción interior.
“Esta suspensión no opera para el desarrollo de obras o actividades orientadas al restablecimiento de condiciones orden ecológico económico y social de la región del Catatumbo”, especifica.
Finalizado el estado de excepción las autoridades ambientales con competencia en la región tendrán tres meses para establecer las condiciones ambientales actuales de la región. Completado ese periodo de nuevo pueden otorgarse licencias, permisos, concesiones y autorizaciones.
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Auxilios económicos
El Gobierno también brindará apoyo económico a los afectados mediante el replanteamiento de algunos recursos: los ingresos fiscales de Fontur serán ahora utilizados brindar auxilios, subsidios o apoyos a los prestadores de servicios turísticos y para la recuperación de áreas afectadas en las que se desarrollen actividades de turismo.
Pero no solo los afectados por el conflicto se verán beneficiados, las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de alojamiento y que operen en Norte de Santander y que se encuentren obligadas a presentar declaración de renta y complementarios, tendrán derecho a un descuento en los aranceles.
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“Este beneficio aplicará en un monto equivalente al valor comercial de habitación por noche, asegurando que los precios se mantengan dentro de un rango razonable y acorde a las tarifas históricas y al contexto económico actual, de cada noche de alojamiento gratuito proporcionada en sus instalaciones”, reza el decreto 0117.
El empleo es prioridad
Con el propósito de no parar las actividades laborales, el Gobierno instó a los empleadores a habilitar la modalidad de trabajo en casa para todos los trabajadores cuyas funciones sean compatibles con el desempeño remoto.
“Se exceptúan de esta disposición aquellos trabajadores cuya presencia física sea indispensable para garantizar la continuidad de actividades consideradas esenciales, tales como la seguridad, el suministro de bienes básicos y servicios esenciales”, dice el articulado 0119.