La vocera en español del Departamento de Estado de EE. UU., Natalia Molano, confirmó recientemente que existen restricciones de visado impuestas a aliados y miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro. En una entrevista con Semana, Molano abordó el tema en el contexto del “impasse” que se ha generado entre la administración de Donald Trump y el gobierno colombiano.
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“Es correcto. Se incluyeron ahí miembros del gobierno y sus aliados o sus representantes que estuvieron involucrados en restringir los vuelos que ya estaban en camino a Colombia con deportados”, afirmó Molano, enfatizando que las restricciones se enmarcan en un contexto más amplio de tensiones diplomáticas. A pesar de la gravedad de la situación, la portavoz aclaró que no ha habido actualizaciones oficiales sobre el tema desde el primer anuncio.
Cuando se le preguntó sobre nombres específicos de funcionarios del gabinete colombiano que pudieran estar afectados, Molano indicó que no se conocen los detalles exactos de las restricciones de visa ni a quiénes se refieren. Sin embargo, la Casa Blanca había afirmado anteriormente que todos los miembros del partido del presidente Petro, así como sus familiares y partidarios, estarían sujetos a sanciones de visa.
El conflicto surgió tras el enfrentamiento entre el gobierno de EE. UU. y Colombia sobre el envío de vuelos de inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Trump había amenazado con imponer aranceles a las importaciones colombianas, lo que llevó a Bogotá a anunciar medidas similares en respuesta. A pesar de la disposición del gobierno colombiano para asumir los costos del transporte de sus ciudadanos deportados, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que las restricciones de visa permanecerían vigentes.
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En medio de estas tensiones, el presidente Petro ha arremetido contra Trump, acusándolo de promover una “tesis fascista” al criminalizar a los migrantes indocumentados. En una entrevista con Univisión, Petro expresó su preocupación por las políticas migratorias de la administración Trump, sugiriendo que la historia podría repetirse si se criminaliza a un grupo poblacional.
