Mauricio Rodríguez Tamayo, nuevo presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, le dijo a EL HERALDO que la situación actual del país es “desafiante” para los servidores judiciales.
Lea: Minsalud dice que no está en desacato de los autos de la Corte Constitucional
Nació en Sabanalarga, Atlántico, tiene 44 años, es casado y padre de dos hijas. Es abogado, especialista en derecho administrativo y derecho disciplinario, magíster en derecho administrativo y doctor en derecho.
Ha ejercido su labor en las altas cortes y las cámaras de comercio y las aulas universitarias de Barranquilla y Bogotá.
¿Cómo recibe la designación de la Sala Plena?
Con mucha humildad y mucha alegría, definitivamente creo que la labor que cumple la administración de justicia en un país es fundamental, la justicia es un pilar fundamental de la sociedad y particularmente nosotros como jurisdicción disciplinaria, que hoy la represento a través de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, debemos aportar desde el ámbito funcional para asegurar que todos los servidores públicos, sean jueces, asistentes, secretarios, fiscales, magistrados y los abogados que también están en el control, desempeñen sus labores y sus deberes de manera ajustada a la legalidad.
También: Caso Triple A: Corte Suprema modifica pena de Ramón Navarro
¿Cuáles son sus objetivos como presidente?
Acercar un poco más la justicia a la gente, no porque la justicia esté lejana: hay que sacar a las altas cortes de Bogotá y llevarlas a las regiones. Para el caso nuestro queremos que la ciudadanía conozca nuestra labor y eso necesariamente implica escuchar a la gente y que la gente sepa qué hacemos y que conozcan de qué manera pueden canalizar su descontento.
Al posesionarse usted anunció una reforma legislativa…
Es fundamental para nosotros promover una reforma legislativa para que aquellos abogados que en el trámite de cualquier poder judicial o extrajudicial reciban un poder, un encargo profesional, y en virtud de eso reciban dinero y se apropien de los dineros de los ciudadanos de bien –como tristemente ocurre, de manera muy reducida, pero ocurre–, tengan la obligación a través de un incidente de reparación de hacer la devolución de los bienes o dineros que se apropien de sus clientes.
Además: Gobierno aumentó a $2,1 billones la inversión en regalías para la gestión ambiental en 2023 y 2024
¿Cómo sería esa reforma?
Es un proyecto de ley que haría unos ajustes a la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado). Obviamente tendríamos que tramitar el tema con mucha dedicación porque la Comisión no tiene en este momento iniciativa legislativa, pero sí a través de otros actores, otras cortes, del procurador General de la Nación o inclusive los mismos congresistas.
También habló de un cuerpo de policía judicial…
El año pasado, a través de la Ley 2430 del 9 de octubre de 2024, a la Comisión se le asignaron labores de policía judicial: es como un cuerpo técnico de investigación, una serie de profesionales que van a ayudar en la labor de los jueces disciplinarios para investigar la comisión de faltas disciplinarias de jueces, funcionarios, fiscales y abogados en ciencias que requieren determinada experticia, peritos contables, informáticos y tramitadores de texto.
¿Qué comentario le merece la situación del Catatumbo, donde los funcionarios necesitan hacer las labores judiciales y forenses, y no pueden?
La situación que vive nuestro país para los servidores públicos y más concretamente los judiciales es desafiante. En nuestro país hay jueces valientes, responsables, comprometidos, y evidentemente desde la jurisdicción disciplinaria hay un compromiso efectivo y real para rodearlos y pedir a las autoridades competentes el apoyo y la protección para garantizar el derecho a la vida de esos servidores.
¿Cómo ve la relación entre el Gobierno y las cortes?
La relación de todos los poderes públicos tiene que ser armónica, ese es el compromiso que prevé la Constitución, y todos los poderes públicos y órganos de control deben estar comprometidos con eso, porque así se garantiza el cumplimiento de los fines estatales y constitucionales.
¿Qué tan transparente es el sector judicial?
La justicia en Colombia se destaca por reivindicar el papel que tiene atendiendo los problemas ciudadanos. Desafortunadamente hay unos casos aislados de personas que traicionan el mandato sagrado, pero la percibo como una justicia con un sentimiento colectivo de servir.
¿A quiénes denuncian más los ciudadanos: a jueces, fiscales o abogados?
Observamos quejas recurrentes contra fiscales, jueces y magistrados, pero por asuntos de inconformidad de los ciudadanos por la decisión; en algunos otros casos porque consideran que hay demoras en los trámites o sienten que las decisiones los lesionan. Tristemente, tenemos casos de corrupción, muy bajos, y en esos casos la respuesta de la jurisdicción ha sido efectiva y ejemplarizante.
