La Defensoría del Pueblo alertó de la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en Colombia, que vienen impactando de “manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”. El paro armado anunciado por el ELN agrava la situación.
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“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
De acuerdo con datos de la entidad, diez grupos armados ilegales están detrás de esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ y organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.
Advierten que uno de los escenarios “más críticos” se vive en la subregión del San Juan, Chocó, donde desde el 4 de febrero se registran enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. “Por primera vez, tenemos reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias ‘Mordisco’, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”, dijo Marín.
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Sumado a esto, también está el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN y que comenzará a regir a partir del martes 18 de febrero, “lo que agrava el confinamiento de comunidades debido a la prohibición de navegación en la zona”.
Hasta ahora, al menos 1.600 personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos en la región, con especial preocupación por la situación del pueblo Wounan, que enfrenta severas restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos.
Pero esta situación no solo se limita al Chocó, también se han documentado emergencias en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, este último con alto riesgo en las elecciones atípicas del 23 de febrero.
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“El 73 % de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, precisó la defensora.
Y concluyó: “La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”.
