Por presuntamente liquidarse valores mayores a los que debían devengar desde 2020 y hasta septiembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos funcionarias de la Gobernación del Quindío.
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El ente de control indicó que Sandra Milena Zuluaga Rincón y Ana Patricia Díaz Latorre se habrían pagado dineros adicionales por más de $100 millones entre las dos.
Zuluaga Rincón y Díaz Latorre, quienes ejercían como profesionales universitarias en la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Quindío, habrían usado sus cargos para pagarse sumas adicionales por conceptos como bonificaciones por servicios prestados y salarios básicos asignados, para lo que aparentemente se valieron del acceso que tenían al aplicativo destinado para tal fin.
La Procuraduría señaló que en el caso de Sandra Zuluaga supuestamente hay al menos 30 pagos injustificados o irregulares en el periodo comprendido entre junio de 2020 y el 27 de septiembre de 2023, con valores que ascenderían a más de $79 millones.
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Por su parte, en el caso de Ana Patricia Díaz se identificaron 52 pagos irregulares que corresponden a un mayor valor pagado frente a la liquidación realizada, por un valor superior a los $45 millones, hechos que se dieron entre julio de 2021 y septiembre de 2023.
Además, las mujeres deberán responder por la posible alteración de información en el sistema oficial en el que se gestionan los procesos administrativos y la elaboración de la nómina, conducta que presuntamente les permitió ingresar los valores adicionales que depositaban en sus cuentas sin existir justificación alguna.
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Finalmente, la Procuraduría calificó sus presuntas conductas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo.
