La Procuraduría General de la Nación rechazó categóricamente los hechos violentos de los que han sido víctimas en la última semana miembros de la Fuerza Pública y pobladores en los municipios de Argelia y El Tambo, que confluyen en la zona conocida como el Cañón del Micay, en Cauca.
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El pasado jueves fueron secuestrados 28 uniformados de la Policía y un mayor del Ejército en medio de disturbios en el corregimiento El Plateado del municipio de Argelia que, según el Ministerio de Defensa, fueron perpetrados por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, y pobladores “instrumentalizados” por este grupo.
Los uniformados fueron dejados en libertad en la tarde del sábado 8 de marzo gracias a la mediación del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Alcaldía de Argelia.
A través de un comunicado, la Procuraduría advirtió que “durante muchos años estructuras criminales se han lucrado con el narcotráfico y otras economías ilegales en esa zona, y han sometido y esclavizado violentamente a la población residente, a la que el Estado y la sociedad no le han ofrecido alternativas que les permitan vivir con dignidad”.
Por esto, según el Ministerio Público, “es comprensible por ello la desconfianza inicial de los compatriotas de El Plateado y del Micay frente a las autoridades”.
Ante esta delicada situación, el ente indicó que “el esfuerzo de recuperación de esa zona del país es un reto enorme y así mismo inaplazable. La construcción de tejido social y economías lícitas exige la presencia de la fuerza pública que garantice la tranquilidad y seguridad de la población”.
Hizo un llamado a los habitantes de estas poblaciones a reconocer que “en estos momentos esa fuerza pública trabaja por sus libertades y su inserción en el estado de derecho y en el restablecimiento de sus derechos, mediante el desmantelamiento de las estructuras criminales que tanto dolor han dejado en la zona”.
Destacó que en la recuperación de El Plateado y del Micay “la fuerza pública ha actuado en el cumplimiento de sus deberes, con sujeción a la Constitución y respeto de las normas y protocolos vigentes para enfrentar grupos armados y estructuras criminales de alto impacto”.
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En ese sentido, la Procuraduría expresó su apoyo y reconocimiento a la actuación de policías y militares. Asimismo, rechazó “las muestras alevosas de falta de respeto, desprecio y desconocimiento de quienes están luchando, con todo su esfuerzo personal e institucional, por mejorar las condiciones de vida de la población”.
”La sociedad colombiana debe rechazar con verticalidad los desmanes y agresiones a los legítimos representantes de las instituciones que cumplen la función de defender la soberanía, restablecer la convivencia y mantener el orden constitucional”, sostuvo.
